El regulador avaló la integración bajo estrictas condiciones para evitar riesgos a la competencia, mantener la independencia operativa de ambos operadores y proteger a los usuarios y a terceros como los OMV.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración entre Colombia Móvil (Tigo-UNE) y Colombia Telecomunicaciones (Movistar), que suman en conjunto el 42% del mercado nacional de telecomunicaciones.
La decisión llega sujeta a un amplio paquete de condicionamientos diseñados para preservar la competencia, garantizar la independencia operativa de los operadores y proteger a terceros como los OMV, según la Resolución 94169 del 13 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el regulador, se dio tras una evaluación iniciada en diciembre de 2024, cuando ambas compañías solicitaron una pre-evaluación de la operación. El proceso incluyó publicaciones oficiales, etapas de investigación, requerimientos de información y observaciones de competidores, entre ellos Claro, DirecTV, ETB y Wom, quienes presentaron comentarios dentro del plazo legal. La SIC confirmó en el documento que recibió “observaciones y comentarios en relación con la operación proyectada” de parte de varios operadores y asociaciones del sector.
Aunque la autoridad reconoció la existencia de “importantes efectos procompetitivos” asociados al despliegue eficiente de redes y una posible mejora en calidad y cobertura, también advirtió múltiples riesgos.
El primero está relacionado con la operación técnica interna de las compañías. La SIC señaló que la integración podría facilitar “el funcionamiento coordinado de los núcleos de red”, un elemento que, según el documento, es crítico porque “la exclusión del core de la operación sería lo que permitiría que ambas empresas mantuvieran la independencia técnica necesaria para competir en los mercados aguas abajo”.
También alertó sobre la posibilidad de que se comparta información estratégica a través de los nuevos vehículos de integración, la sociedad NetCo y la unión temporal (UT), indicando que estos podrían convertirse en un canal para “intercambiar información sensible”, incluyendo precios, costos y estrategias comerciales.
En otras palabras, evitar coordinaciones técnicas que terminen afectando precios, estrategias o competencia.
Asimismo, identificó un riesgo para terceros, especialmente operadores móviles virtuales (OMV) y proveedores que dependen del roaming automático nacional. De acuerdo con el expediente, la autoridad observó potenciales incentivos para “modificar de forma arbitraria los acuerdos comerciales con OMV y PRST”, así como un posible incremento injustificado de tarifas derivado de una “doble marginalización” por la existencia de la nueva empresa administradora de red.
Otro riesgo relevante está asociado a la calidad del servicio. La SIC advirtió que el plan de eficiencia de la futura NetCo incluía “desmantelar 2.084 sitios de infraestructura”, y que la reducción de antenas en zonas rurales o alejadas podría generar “un impacto negativo para los usuarios y contrarrestar los beneficios esperados de la integración”.
Las condiciones
La primera condición ordena a Tigo y Movistar “garantizar la separación técnica permanente de sus núcleos de red y del Network ID”, complementada con certificaciones semestrales de un auditor independiente. El regulador consideró que esa separación es clave para impedir coordinaciones técnicas o comerciales que reduzcan la rivalidad entre ambas.
Otro condicionamiento está dirigido a prevenir el intercambio de información sensible a través de la nueva sociedad operadora. La SIC exigió a las compañías adoptar “un manual de buen gobierno y la implementación de protocolos de manejo de información”, además de reportar periódicamente cómo funcionan sus órganos de control interno.
El regulador también protegió a los operadores móviles virtuales (OMV) y a proveedores de roaming automático nacional, quienes dependen del acceso mayorista a redes. El documento establece que las empresas no podrán ejecutar “modificaciones unilaterales, injustificadas o intempestivas en perjuicio de los OMV”, ni alterar condiciones contractuales sin justificación documentada, y deberán presentar informes semestrales sobre sus acuerdos.
En cuanto a la infraestructura, la SIC advirtió que la nueva red conjunta planea desmantelar parte de su infraestructura actual por razones de eficiencia. Para evitar afectaciones, la resolución indica que la reducción de antenas “únicamente” podrá realizarse “en la medida en que no se afectara la cobertura ni la calidad”, y ordena enviar criterios técnicos en un plazo de tres meses y reportes semestrales de calidad del servicio.
El análisis de la SIC incorporó referencias a casos recientes en Chile, Brasil, Francia y el Reino Unido, donde operaciones similares fueron aprobadas con devoluciones de espectro, desinversiones o compromisos mayoristas. La entidad concluyó que la integración entre Tigo y Movistar puede beneficiar el despliegue de infraestructura y la competencia frente al operador dominante, siempre que se cumplan los condicionamientos.
La resolución entra en vigencia de inmediato y obliga a las compañías a entregar reportes regulares, someterse a auditorías técnicas y mantener la independencia operativa en los mercados minoristas y mayoristas. La SIC vigilará el cumplimiento de cada medida durante la implementación del acuerdo.
“La decisión de la SIC autorizo la consolidación entre 2 de las 3 empresas mas fuertes en el sector de las comunicaciones. La autorización genera expectativa dada la concentración con la que quedaría el mercado. Sin embargo la SIC ha impuesto condiciones que se esperan mitiguen eficazmente estos efectos adversos para la competencia bajo la nueva estructura de mercado”, expresó Carolina Pardo, socia de Cumplimiento y Antimonopolio de Baker McKenzie.
Al momento de la publicación de esta historia ni Tigo ni Movistar se habían pronunciado sobre la decisión.
Movistar está conformado por Telefónica, una compañía española con participación del Estado español, y por el gobierno colombiano, que mantiene un 32,5% de las acciones.
El presidente Gustavo Petro planteó hace meses la posibilidad de vender esa participación estatal como parte de una estrategia para capitalizar Internexa, la empresa que busca fortalecer para desarrollar una nube pública. Telefónica, por su parte, anunció desde 2019 su intención de desinvertir en América Latina.
Si la integración avanza, el principal comprador sería Tigo, hoy propiedad del Grupo Millicom, del empresario francés Xavier Niel, y de Empresas Públicas de Medellín (EPM). EPM ya acordó vender su participación a Millicom por cerca de $2.1 billones de pesos condicionada a la integración, y Telefónica cerró un acuerdo por US$400 millones por su parte en Movistar. Millicom también ha expresado interés en adquirir la participación del gobierno colombiano, aunque el Ministerio de Hacienda no ha anunciado una decisión final. Todos estos movimientos permanecen abiertos, en la medida en que las condiciones impuestas por la SIC pueden hacer más o menos atractivo el negocio para Millicom.
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