El gobierno suscribió un acuerdo por 17 aviones Gripen con la sueca Saab y enfrenta cuestionamientos por costo, financiación y oportunidad del gasto.
El gobierno colombiano firmó un contrato con la compañía sueca Saab para adquirir 17 cazas Gripen destinados a reemplazar la flota de Kfir que opera la Fuerza Aeroespacial. El acuerdo, valorado en 16,5 billones de pesos y firmado el 13 de noviembre de 2025, desató una controversia inmediata por el alcance del proyecto y su impacto fiscal según las críticas.
Las objeciones se han concentrado en dos puntos. Por un lado, sectores políticos y analistas cuestionaron el monto de la operación y las condiciones de pago en un momento de restricciones presupuestales. Por el otro, la discusión se amplificó debido a la coyuntura política que rodeó a la primera dama, hecho que terminó mezclándose con el debate sobre la compra militar y avivó el clima de confrontación. A partir de esta discusión, opositores reclamaron mayor claridad sobre el financiamiento y la justificación técnica.
El presidente Gustavo Petro defendió la decisión y aseguró que los señalamientos parten de interpretaciones incompletas del contrato. Sostuvo que la negociación contempla aviones nuevos, mantenimiento, repuestos y transferencia tecnológica. También explicó que los pagos se harán con vigencias futuras hasta 2032 y que hay un periodo de gracia de tres años en el cual no se desembolsarán anualidades, según declaraciones divulgadas por la prensa.
La compra se inscribe en un proceso de renovación de casi una década en el que se evaluaron propuestas de distintos países antes de optar por el modelo sueco. Saab informó que el paquete incluye entrenamiento, equipos de apoyo en tierra, herramientas especializadas y componentes logísticos asociados al funcionamiento de la nueva flota. El gobierno insiste en que estos elementos hacen parte de los costos totales y que no representan sobreprecios.
La controversia sigue abierta. En el Congreso y en algunos sectores de opinión se insiste en que la inversión requiere mayor transparencia, además de la petición de divulgar el contrato completo para revisar los compromisos financieros que recaerán en las próximas administraciones.
Lea también: El Pentágono afirma haber atacado otra embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico