Petro tuvo que retractarse en TV por haber llamado ‘criminal’ al presidente de Grupo Keralty

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse en cadena nacional por haber llamado “criminal” a Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas y de Colsanitas, en una alocución del 15 de julio, y el mandatario respondió con una nueva intervención televisada en la que aseguró que el “criminal” es el sistema de salud y no el empresario.

La alta corte determinó que Petro vulneró los derechos de Grajales al referirse a él como criminal en el contexto de la supuesta financiación de campañas políticas por parte de Keralty, y al afirmar que el directivo “debe irse” del país sin que existiera resolución de deportación o expulsión en su contra. Como los señalamientos se dieron en una alocución, los jueces indicaron que la rectificación también debía hacerse en cadena nacional.

El caso se originó en julio, cuando el presidente lanzó críticas directas contra Keralty, su brazo asegurador en Colombia, la EPS Sanitas, y contra Grajales. En referencia a la EPS, Petro afirmó que “se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en Colombia”. Al hablar de Keralty y de su supuesto aporte de dinero a campañas políticas, agregó que “está prohibido que una empresa como Keralty les pague a políticos, el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.

La defensa de Grajales sostuvo ante el Consejo de Estado que esas expresiones violaron sus derechos a la “honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación”. Argumentó que asociarlo públicamente con un criminal equivale a una “condena social” sin que exista una investigación penal en su contra “y, mucho menos, sin que exista una sentencia condenatoria”. Añadió que la difusión de esa información ha deteriorado su imagen en el sector, al señalar que “la difusión de información falsa en su contra ha propiciado la degradación de su percepción como empresario dentro de la colectividad”.

La defensa de Petro buscó enmarcar las declaraciones bajo la libertad de expresión, alegando que las frases se pronunciaron “en el escenario de un discurso de contenido político”. También sostuvo que las críticas no se dirigieron a una persona natural, sino a una persona jurídica, por lo que no podía “entenderse como una alusión directa a una persona natural”. Pese a esos argumentos, el Consejo de Estado ordenó al mandatario rectificar en su próxima alocución presidencial.

La respuesta del jefe de Estado llegó la noche del miércoles 19 de noviembre, cuando abrió una nueva alocución hablando de la crisis del sistema de salud y de lo que considera un modelo basado en el negocio y no en la atención. “Desde hace décadas nuestro sistema de salud carga una crisis profunda. Intermediarios que hicieron de la enfermedad un negocio, familias enfrentadas a barreras injustas y decisiones financieras puestas por encima de la vida. Una salud vuelta negocio”, dijo Petro, antes de acusar a algunos sectores políticos de “hundir el barco con una reforma y luego se presentan como los únicos que venden chalecos salvavidas”.

Luego se refirió de forma directa al episodio que dio origen al fallo. “En medio de esta confrontación de salud, en una alocución del 15 de julio, se confundió. La frase es que tenemos un sistema criminal porque muere personas que podrían salvarse, simplemente aplicando la ciencia que hay en el momento y mueren porque el negocio no da. Se confundió con que estaba diciendo que un señor, el señor Michael Grajales Jiménez, era el criminal. Criminal es el sistema y por eso debe cambiar”, afirmó.

Petro sostuvo que su obligación es precisar el alcance de sus palabras dentro del marco institucional. “Y por eso debo decirlo explícitamente, fiel a mi compromiso con el Estado social de derecho. Y por tanto, cuando yo digo criminal, me refiero al sistema”, señaló. A la vez, remarcó que corresponde a las autoridades judiciales determinar responsabilidades individuales. “Hay personas individualizadas que la justicia debe juzgar porque se robaron el dinero por manos llenas, billones de pesos, o porque acaparan los medicamentos y ahí son criminales”, dijo.

El presidente afirmó que el Gobierno, junto con la Policía Nacional, ha identificado “lugares exactos y empresas exactas, con nombre propio, en donde se acaparan medicamentos de uso incluso fundamental como la penicilina o como la insulina”, aunque no mencionó nombres en la alocución. Añadió que su crítica al modelo tiene “unos límites que solo la justicia colombiana debe pasar como juicio personal, individualizado”.

Sobre Grajales, Petro explicó que el empresario interpretó que las acusaciones se dirigían a su persona. “Entonces, el señor José Miquel Grajales creyó que yo estaba usando esos términos para acusarlo a él de criminal y para referirme a él con una relación de supuesta financiación de campañas políticas”, dijo. De inmediato insistió en sus reservas frente a la financiación extranjera de la política. “Es la empresa donde estaba él, donde aparece en varias campañas políticas electorales financiando o financiando partidos políticos y la empresa es extranjera. Y yo no puedo permitir que eso que la Constitución colombiana prohíbe, se haga. Ningún extranjero puede financiar campañas políticas o actividad política en Colombia. Ni en el pasado, ni en el presente, ni hacia el futuro en las próximas elecciones. Hay que vigilar de manera muy intensa que dineros internacionales no lleguen a financiar y desequilibrar la actitud libre que debe tomar la ciudadanía en escoger lo que quiera”, afirmó.

Petro también recordó que el Estado define quiénes pueden ingresar y naturalizarse en el país. “Ahora, yo tengo la facultad de declarar si qué personas pueden volverse ciudadanos. El Estado colombiano determina quiénes entran al país, quiénes no. Yo tendría una facultad también de en ese aspecto, lo han usado otros gobiernos. Eso será un tema que discutiré en otros términos, en general”, dijo, antes de reiterar que conserva “el principio de que en Colombia, a pesar de los ataques de gobiernos extranjeros, puede entrar el que quiera entrar siempre y cuando no sea para destruir el Estado social de derecho y la tranquilidad de la ciudadanía colombiana”.

Este jueves, Grajales respondió con una carta a la opinión pública, en la que reivindicó el arraigo de Keralty en Colombia y defendió el papel del grupo en el sistema de salud durante más de cuatro décadas. “Cuando algunos nos llaman ‘extranjeros’, olvidan una verdad sencilla pero profunda: Keralty llegó a Colombia hace más de cuarenta años, cuando la inmensa mayoría de los colombianos de hoy, incluidos los hijos y nietos de quienes nos critican, ni siquiera habían nacido. Llegamos cuando este país daba pasos inciertos y, mientras otros debatían, nosotros ya hacíamos. No vinimos de paso: vinimos a quedarnos. Vinimos a servir. Vinimos a cuidar. Vinimos a construir”, escribió.

El presidente de Grupo Keralty sostuvo que la organización ha invertido “en ciencia, innovación y tecnología” y que creó universidades, clínicas generales e infantiles, centros de atención primaria, centros y clínicas de salud mental y laboratorios, además de formar médicos familiares. Afirmó que muchos de sus críticos acuden a sus servicios en privado. “Muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto. Por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos y para ellos mismos. Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba. Y, aun así, los atendemos. Porque no discriminamos. Porque nuestra vocación no depende del discurso de turno. Porque cuidar es un deber moral, no un gesto político”, dijo.

Grajales pidió medir el aporte de Keralty en función de su impacto económico y social. “Si alguien quiere hablar de patriotismo, que empiece por contar cuántas vidas ha salvado, cuántos empleos de calidad ha generado, cuántos impuestos ha pagado y qué ha construido para su país”, afirmó, al señalar que muchos de quienes lo critican “no han aportado ni una fracción” de lo que el grupo ha entregado “en impuestos, empleo, inversión, ciencia y servicio”.

En uno de los pasajes más destacados, aseguró que “desde nuestra llegada al país y bajo nuestro cuidado han nacido casi un millón de colombianos. Un millón de primeros llantos. Un millón de nuevos respiros. Un millón de esperanzas que empezaron su vida en nuestros centros”. Para el directivo, “ese primer respiro no pregunta quién es el dueño de la clínica ni de dónde vino el capital: solo reconoce que está en un lugar seguro. Eso es arraigo. Eso es pertenencia. Eso es confianza”.

El empresario concluyó que, tras más de cuarenta años “sirviendo, cuidando, formando, generando empleo, innovando, pagando impuestos y trayendo vida al mundo”, Keralty “ya no somos visitantes: somos familia. Somos parte de Colombia”. Añadió que no pide “privilegios ni aplausos”, sino que “se respete lo que hemos construido, que la verdad prevalezca sobre el populismo y que se reconozca que esta también es nuestra casa”, antes de cerrar su carta con un mensaje: “Y por eso, con respeto y gratitud, decimos hoy: gracias, Colombia”.