La disputa judicial expone el poder que Musk tuvo como empleado especial del Gobierno y las decisiones que, según los demandantes, dejaron a Usaid sin contratos, personal ni sede, afectando la estabilidad laboral y la misión de la agencia.
El Departamento de Justicia pidió a un juez que impida la declaración de Elon Musk, exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, en una demanda que lo acusa de liderar el esfuerzo para eliminar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Datos clave
La demanda, presentada por empleados y contratistas actuales y antiguos de Usaid, sostiene que el Departamento de Eficiencia Gubernamental —que estuvo dirigido por Musk— canceló contratos gubernamentales, recortó la fuerza laboral de la agencia y cerró su sede sin aprobación del Congreso, lo que presuntamente violaría la separación de poderes.
La presentación del Departamento de Justicia, revelada primero por Bloomberg, argumenta en contra de tomar declaración a Musk y a dos exfuncionarios de Usaid, Peter Marocco y Jeremy Lewin.
El Departamento de Justicia citó las limitaciones que existen para que funcionarios del poder ejecutivo testifiquen en tribunales, afirmando que estas declaraciones solo pueden exigirse en circunstancias excepcionales.
“Los demandantes no han demostrado —y no pueden demostrar— que existan circunstancias excepcionales”, escribió el Departamento de Justicia, asegurando que “se justifica una orden de protección”.
Los empleados de Usaid que demandan a Doge también acusan a Musk de ejercer autoridad fuera de su alcance como empleado especial del Gobierno, una designación que mantuvo durante los primeros cinco meses del año.
Los demandantes buscan restablecer la funcionalidad de Usaid y reclaman compensación por los daños causados a sus carreras y seguridad financiera, con el objetivo de obtener una orden judicial que declare inconstitucionales las acciones de Doge contra la agencia.
¿Qué es un empleado especial del Gobierno?
El papel y las facultades de Musk como ex special government employee probablemente serán un punto clave en la demanda. El Departamento de Justicia define esta figura como cualquier persona que trabaja —o espera trabajar— para el Gobierno federal por un máximo de 130 días. Además, establece que estos empleados no pueden participar en asuntos que puedan generar conflictos de interés financieros, un elemento que generó escrutinio en el caso de Musk, dado que su empresa aeroespacial SpaceX tiene contratos federales por miles de millones de dólares.
El cargo debe cumplir la mayoría de las normas y directrices que rigen a los empleados de tiempo completo, aunque el marco normativo es “menos restrictivo” debido a su naturaleza temporal. El periodo de Musk como empleado especial del Gobierno terminó el 30 de mayo.