Mientras la siniestralidad supera el 105% y las EPS acumulan un déficit operativo de $10,2 billones, organizaciones de pacientes alertan sobre interrupciones de tratamientos y un aumento de más de 20.000 casos de VIH.
Un análisis de la Andi, a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), concluye que, para evitar un deterioro mayor en la operación de las EPS y garantizar la atención, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) deberá aumentar un mínimo de 15,6% en 2026, un ajuste que considera indispensable para corregir la insuficiencia estructural que arrastra el aseguramiento desde hace varios años.
Los cálculos del gremio muestran que la siniestralidad de la UPC supera el 100% desde 2022, lo que significa que las EPS gastan más en servicios de salud de lo que reciben por afiliado. Para el cierre de 2025, la siniestralidad proyectada es de 105,9%, generando un déficit operativo estimado de $10,2 billones, sin incluir gastos administrativos.
La organización recuerda que advirtió que la UPC de 2025 quedaría rezagada si solo se ajustaba con inflación, y que la Corte Constitucional, en el Auto 007 de 2025, reconoció oficialmente la insuficiencia de la prima y ordenó una corrección técnica.
El gremio señala que un incremento inferior al 15,6% en 2026 profundizaría la crisis: cada punto porcentual por debajo recortaría cerca de $890.000 millones al sistema. Aunque el Presupuesto General de la Nación contempla más de $48 billones para la Adres, la Andi insiste en que estos recursos deben destinarse exclusivamente al aseguramiento.
En paralelo, Pacientes Colombia—movimiento que agrupa a 202 organizaciones—alertó sobre un deterioro acelerado en la atención, especialmente en VIH. Según datos preliminares de la Cuenta de Alto Costo, el número de personas con VIH aumentó de 185.000 en 2024 a 211.431 en octubre de 2025, un incremento superior a 20.000 pacientes. También preocupa la caída en el acceso a tratamientos: solo 80% recibe antirretrovirales, lejos del objetivo global de 95%.
El movimiento responsabiliza al Gobierno por el manejo de las EPS intervenidas, señalando cambios arbitrarios de prestadores, interrupción de tratamientos y crecientes deudas con las IPS.
Casos como los de Cúcuta, Valle del Cauca y la reciente advertencia de la Clínica Foscal por una deuda de $428.000 millones reflejan, según los pacientes, un sistema que opera en condiciones críticas.