La inseguridad ya afecta la inversión y operación empresarial en Colombia, advierte el Consejo Gremial Nacional.
El deterioro de las condiciones de seguridad en Colombia está generando un impacto directo sobre el sector productivo del país. Así lo revela el más reciente informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional, que documenta cómo la expansión de economías ilícitas y grupos armados está reconfigurando las decisiones empresariales y limitando el crecimiento económico.
Colombia enfrenta una situación sin precedentes en materia de cultivos ilícitos. El país registra las cifras más altas de hectáreas de coca y producción potencial de cocaína desde que Naciones Unidas comenzó a calcular estos datos.
Paralelamente, la minería ilegal de oro se extiende por 29 de los 32 departamentos colombianos. La Procuraduría General de la Nación estima que el 85% del oro exportado tiene origen ilegal, y cerca del 70% de ese oro proviene de actividades desarrolladas por grupos organizados al margen de la ley.
Algo es seguro, las economías criminales están financiando una expansión territorial que las empresas sienten cada vez más cerca. Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que entre 2019 y 2024, el Clan del Golfo casi duplicó su presencia territorial, pasando de 213 a 392 municipios. El ELN creció de 149 a 232 municipios, mientras las disidencias de las FARC expandieron su influencia de 124 a 299 municipios.
Esta presencia territorial se traduce en una presión constante sobre las empresas que operan en estas regiones, donde la línea entre lo formal e informal se vuelve cada vez más difusa.
El panorama delictivo presenta un comportamiento mixto. Entre enero y octubre de 2025, el informe registra aumentos preocupantes en homicidios intencionales, secuestros y actos de terrorismo. La extorsión, aunque muestra una leve desaceleración, continúa operando como un “impuesto criminal” que erosiona los márgenes de rentabilidad. En contraste, algunos delitos patrimoniales muestran reducción: el hurto a establecimientos comerciales, la piratería terrestre, el robo a entidades financieras y el abigeato -hurto de ganado- registran menos casos que el año anterior.
Pero hay una amenaza creciente que preocupa especialmente al sector productivo: los delitos informáticos. Las cifras son casi seis veces superiores a las de extorsión y la tendencia es ascendente. Con proveedores y clientes cada vez más conectados digitalmente, la superficie de exposición al cibercrimen se amplía constantemente.
Las empresas colombianas están asumiendo costos que van más allá de lo visible en sus estados financieros. El informe del Consejo Gremial describe cómo las compañías deben destinar recursos crecientes a actividades que no generan ingresos: sistemas de vigilancia, seguros especializados, auditorías de seguridad, cambios de horarios, desvíos logísticos e incumplimientos contractuales.
Los riesgos que vienen
De cara al 2026, se identifican ocho factores de riesgo que podrían intensificar este panorama:
- Movilización social y protesta social instrumentalizada
- Desinformación y erosión de la legitimidad empresarial
- Gobernanza criminal y sustitución del Estado en regiones
- Reducción de capacidades operativas del Estado y vacíos por diálogos o
ceses al fuego - Desplazamiento interno y presión sobre autoridades locales y el empleo formal
- Realineamiento de cooperación internacional de seguridad y dependencia
bilateral operativa - Riesgos digitales, ciberataques y vulnerabilidad del sector productivo
- Crecimiento de las economías ilícitas y el financiamiento de grupos criminales
El documento del Consejo Gremial plantea una tesis clara: la seguridad no es solo un tema de orden público, sino una política económica de primer orden. Sin protección efectiva la inseguridad reconfigura decisiones de inversión, altera estructuras de costos, limita operaciones y afecta la competitividad de Colombia frente a otros países de la región. La incertidumbre empuja a posponer inversiones y lleva a las empresas a reconsiderar su presencia en zonas donde la criminalidad opera con mayor libertad.
“No existe competitividad sin orden público, ni bienestar social sostenible sin protección efectiva de la vida y la propiedad”, concluye el informe.
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