El nuevo esquema reconoce las variaciones reales en los costos de funcionamiento de las instituciones educativas, para que tengan una mejor planeación.
El Congreso de la República completó el trámite legislativo de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La modificación, que ahora pasa a sanción presidencial, introduce cambios sustanciales en el modelo de financiación de universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales, garantizando más recursos y reglas de financiación ajustadas a la realidad del sector.
“Este es un logro colectivo, de un país que ha comprendido que la educación es el primer instrumento para construir la paz. Esto es de ustedes: inscríbanla, celébrenla y acompáñennos, porque vamos por el segundo tiempo”, afirmó Daniel Rojas, ministro de Educación Nacional, quien anticipó que el Ministerio ya está preparado para radicar ante el Congreso la reforma integral a la Ley 30, que representa el segundo paso de la propuesta.
La reforma reemplaza el sistema de ajuste basado únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Esta modificación responde a una necesidad estructural: mientras la matrícula en universidades públicas creció de forma acelerada en las últimas décadas, los recursos no siguieron el mismo ritmo, comprometiendo la calidad y la sostenibilidad institucional.
El nuevo esquema reconoce las variaciones reales en los costos de funcionamiento de las instituciones y les permite, en el marco de su autonomía, planificar con mayor certidumbre financiera.
En el Gobierno Petro el presupuesto para educación superior pública pasó de $5,5 billones a cerca de $12 billones en 2025 -principalmente por los recursos que se dejaron de girar al ICETEX-, incluyendo recursos de gratuidad. Para 2026 se proyectan $13 billones, y con la reforma en vigencia, 2027 traerá cerca de un billón adicional. Todo esto, según el gobierno, sin crear nuevos impuestos.
La meta a largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de países de la OCDE. Los recursos adicionales estarán orientados a ampliar el acceso:
- Garantizar la permanencia y promover la graduación de estudiantes
- Fortalecer el bienestar universitario
- Mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa
- Impulsar proyectos de infraestructura
El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación y destacó que la cobertura en educación superior ya alcanzó el 55% entre educación pública y privada, y proyecta cerrar su gobierno en 60% “del total de la juventud en edad de estudiar universidad”.
Con la aprobación del Congreso, el debate ahora se traslada a la implementación efectiva del nuevo modelo y a la discusión de la reforma integral que el Ministerio de Educación prepara para presentar próximamente.
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