El veredicto del Tribunal Federal del Distrito Norte de Alabama asignó US$52 millones por difamación y US$68 millones bajo RICO, con triplicación automática. El jurado concluyó soborno y manipulación de testigos.
Drummond informó que un jurado federal en Estados Unidos falló a su favor y concluyó que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) realizaron acusaciones falsas y difamatorias contra la compañía, al señalarla de apoyar a grupos paramilitares en Colombia.
Según el comunicado, el veredicto fue emitido el 15 de enero de 2026 en un juicio ante el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama. El jurado también determinó que los acusados incurrieron en conductas violatorias de la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), al encontrar responsabilidad por delitos como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración, entre otros.
En las demandas —una por difamación y otra bajo la ley RICO— el jurado otorgó a Drummond US$52 millones por el caso de difamación y US$68 millones por la reclamación bajo RICO. De acuerdo con lo señalado por la empresa, la normativa RICO contempla la triplicación automática de la indemnización, por lo que el monto total ascendería a US$256 millones.
Drummond sostuvo que, conforme al veredicto y la evidencia presentada, Collingsworth e IRAdvocates enviaron comunicaciones a terceros con declaraciones consideradas falsas y difamatorias, con el propósito de afectar la reputación de la compañía y sus negocios. En ese contexto, la empresa señaló que el jurado halló responsabilidad por soborno y manipulación de testigos a partir de pagos no revelados por más de US$400.000 a personas identificadas como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris (alias “El Viejo Miguel”), entre otros.
El comunicado también indicó que el jurado encontró responsabilidad bajo la ley RICO en relación con otros señalados como aliados en la supuesta conspiración, entre ellos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek.
Tras conocerse la decisión, Trey Wells, abogado litigante principal de la firma Starnes Davis Florie LLP, afirmó que el veredicto confirma que Drummond “no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley”.
La compañía, por su parte, reiteró su compromiso con una operación “ética y responsable” y aseguró que continuará actuando bajo los estándares de integridad y respeto institucional.