Reclasificar la marihuana: una decisión científica que exige responsabilidad

El cannabis es hoy la droga ilícita más consumida en el mundo. Se estima que 244 millones de personas lo utilizan de manera regular, con costos sociales y económicos significativos que incluyen gastos en salud, justicia penal, pérdida de productividad y accidentes de tránsito. En economías avanzadas como la australiana, estos costos han sido estimados en alrededor del 0.26 % de su PIB.

En paralelo, el uso medicinal del cannabis ha ganado terreno. Más de 50 países permiten actualmente alguna forma de prescripción médica, impulsados por una creciente demanda social y por evidencia parcial sobre posibles beneficios terapéuticos en condiciones específicas. Este contexto explica, en parte, el anuncio reciente del presidente Donald Trump para acelerar la reclasificación de la marihuana dentro de la Controlled Substances Act (CSA), pasando de la Lista I a la Lista III.

La medida fue presentada como un ejercicio de pragmatismo: facilitar la investigación científica y alinear la regulación con el uso real de la sustancia. No obstante, la decisión también tiene implicaciones económicas relevantes, entre ellas beneficios fiscales y regulatorios para una industria en expansión, lo que vuelve indispensable un análisis cuidadoso.

¿Qué significa pasar de la Lista I a la Lista III?

La Controlled Substances Act clasifica las sustancias de acuerdo con su potencial de abuso, riesgo para la salud y valor médico reconocido. Durante más de cinco décadas, la marihuana permaneció en la Lista I, reservada para drogas consideradas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso como la heroína y el LSD.

La Lista III reconoce un valor médico y asume un riesgo de dependencia moderado o bajo. Este cambio no equivale a una legalización plena, pero sí reduce barreras regulatorias para la investigación, uno de los principales cuellos de botella en el estudio del cannabis.

Para la Dra. Nora Volkow, directora del National Institute on Drug Abuse (NIDA), la investigación rigurosa es indispensable para definir mejores prácticas en salud pública. En el caso del cannabis, los investigadores enfrentan hoy restricciones severas en permisos, almacenamiento y acceso a productos estandarizados, lo que limita la calidad y comparabilidad de los estudios.

La reclasificación podría aliviar parte de estos obstáculos y mejorar la base de evidencia. Sin embargo, investigar no debe trivializar el riesgo, ni enviar mensajes ambiguos a la población.

CBD y THC: una distinción estratégica

Uno de los principales desafíos del debate público es la falta de diferenciación entre los compuestos del cannabis. El cannabidiol (CBD) no es psicoactivo y ha mostrado potencial terapéutico en algunas condiciones, aún bajo investigación. El tetrahidrocannabinol (THC), en cambio, es el principal componente psicoactivo y concentra el mayor riesgo de dependencia y daño.

La evidencia disponible indica que los impactos más severos en salud están asociados al consumo regular de productos con altas concentraciones de THC, cada vez más comunes en mercados legales o sin regulación. Ignoraresta distinción puede llevar a políticas equivocadas y a una reducción peligrosa de la percepción de riesgo.

Kevin Sabet, exasesor de políticas antidrogas en Estados Unidos, advirtió que este tipo de decretos “envía un mensaje muy poderoso, especialmente a los jóvenes, de que la marihuana es menos dañina de lo que se pensaba”, una interpretación que no está respaldada por la evidencia científica. 

Se estima que una de cada diez personas que consumen cannabis desarrolla un trastorno por consumo de esta sustancia, y en 2021, alrededor de 22.6 millones de personas en el mundo padecían este trastorno.

Además de los riesgos respiratorios, el consumo de cannabis se asocia con afectaciones a la salud mental —incluidas ansiedad, depresión y psicosis— y, en adolescentes, con impactos negativos en memoria, atención y aprendizaje.

Ciencia sí, sin trivializar

Desde una perspectiva de salud pública, la reclasificación de la marihuana puede ser una oportunidad para fortalecer la investigación y mejorar la regulación. Pero su éxito dependerá de actuar con ética en favor del bienestar integral de la población, separándose de una narrativa comercial o política.

Investigar no implica declarar inocuidad. Reconocer usos médicos no elimina riesgos. Y regular sin una estrategia sólida de información puede generar costos sociales mayores a los beneficios esperados.

La clave no está en frenar la ciencia, sino en evitar que el avance regulatorio se traduzca en retrocesos en prevención y daños mayores a la salud.

(*) El autor es líder de opinión en adicciones a nivel nacional e internacional. Fue director de Monte Fénix y es fundador del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, Clínicas Claider y AMESAD. Es coautor del libro Adicciones, el creciente desafío y ha sido reconocido por su trayectoria con diversos premios, actualmente desarrolla la Fundación Espinosa-Larrea. Su visión ha marcado un antes y un después en el tratamiento de las adicciones en América Latina.