La Contraloría encendió las alarmas: la deuda pensional de las universidades públicas ya supera los $10,3 billones.
Un estudio de la Contraloría General de la República advirtió que el pasivo pensional se ha convertido en la principal amenaza para la sostenibilidad financiera de la educación superior pública en Colombia. Esta obligación, que corresponde a los recursos que las universidades deben garantizar para el pago de pensiones futuras de empleados activos y jubilados, alcanzó los $10,3 billones en 2024. No obstante, la cifra podría ser mayor, ya que varias instituciones no han actualizado sus cálculos actuariales.
La magnitud del problema se concentra en pocas universidades. Solo la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle acumulan $5,9 billones del pasivo total, es decir, el 57,8%. Esta carga estructural ha obligado a desviar recursos que deberían destinarse a docencia, investigación e infraestructura, limitando la capacidad de las instituciones para expandirse y cumplir plenamente su misión académica.
El diagnóstico general es crítico. El análisis de la Contraloría sobre las 34 universidades públicas del país, correspondiente al periodo 2019–2024, concluyó que únicamente una de ellas es financieramente autosostenible. El 97% no logra cubrir su operación con recursos propios y depende en un 50,1% de aportes del estado, una situación que restringe la planeación de largo plazo y acentúa las brechas regionales.
A esta fragilidad se suma una alta concentración de los recursos. Cuatro universidades (la Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle) concentran el 48% de los ingresos nacionales y el 37% de los aportes territoriales. La desigualdad también se refleja en el gasto por estudiante: mientras en la Universidad Nacional el costo anual promedio por alumno asciende a $11,4 millones, en la UNAD apenas alcanza los $525.777, frente a un promedio nacional de $4,5 millones.
Aunque el 75,8% de las universidades mantiene indicadores de solvencia aceptables y el 24,2% registra niveles prudentes de endeudamiento, la presión del pasivo pensional compromete seriamente su sostenibilidad futura. Las instituciones coinciden en señalar que los aportes estatales resultan insuficientes, los gastos de personal crecen de manera sostenida y existen fuertes limitaciones para generar ingresos propios.
En este contexto, el proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992 y ya fue aprobado en cuarto debate, propone avanzar hacia la gratuidad y aumentar la inversión en educación superior hasta el 1% del PIB, con el objetivo de acercar a Colombia a los estándares de la OCDE. Sin embargo, la Contraloría advierte que este esfuerzo, aunque necesario, exige fuentes de financiamiento claras, estables y sostenibles. Las proyecciones de costo difieren: el Ministerio de Educación estima $22,1 billones para el periodo 2027–2040, mientras que la Contraloría calcula $27,8 billones entre 2027 y 2036.
La conclusión del órgano de control es categórica: la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que pone en riesgo su viabilidad. El Estado colombiano debe definir con urgencia el camino a seguir, ya sea priorizar la gratuidad o fortalecer, en primera instancia, esquemas que garanticen la sostenibilidad financiera de las universidades.
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