La publicación advierte que la eliminación del rol de las EPS y la acumulación de deudas por $32,9 billones han puesto en riesgo la atención médica y la vida de millones de pacientes en Colombia.
Un análisis publicado por el British Medical Journal (BMJ) advierte que el deterioro acelerado del sistema de salud colombiano responde, en buena medida, a decisiones políticas del Gobierno colombiano que desarticularon un modelo que durante dos décadas fue considerado referente en América Latina por su cobertura, calidad y eficiencia.
El reportaje, firmado por el periodista Luke Taylor, describe un sistema hoy marcado por demoras en la atención, escasez de medicamentos esenciales, cierres de servicios hospitalarios y saturación de urgencias, una situación que expertos califican como “completamente evitable”.
Para Andrés Vecino, investigador de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, “millones de vidas han sido puestas en riesgo y personas están muriendo”.
Según el BMJ, antes de la actual crisis Colombia alcanzó una cobertura cercana al 99%, uno de los menores niveles de gasto de bolsillo entre países de la OCDE, y contaba con 11 de los 30 mejores hospitales de Suramérica. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial destacaron el modelo, basado en competencia administrada entre aseguradoras privadas (EPS) y financiamiento público.
El artículo señala que, tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro en 2022, el Gobierno impulsó una reforma para eliminar el rol de las EPS y concentrar el control del sistema en el Estado, bajo el argumento de que la salud es un derecho y no un negocio. Al estancarse la reforma en el Congreso, el Ejecutivo recurrió a decretos y a la intervención directa de aseguradoras, incluidas Nueva EPS y Sanitas.
De acuerdo con el BMJ, lejos de resolver los problemas financieros, estas medidas profundizaron la deuda del sistema. Un informe del Ministerio de Salud citado en el artículo señala que, a julio de 2025, las EPS adeudaban $32,9 billones a hospitales y proveedores, lo que llevó a clínicas y farmacias a rechazar pacientes y suspender servicios por falta de pagos.
El reportaje concluye que la experiencia colombiana muestra los riesgos de politizar la gestión sanitaria, en un contexto donde la interrupción de tratamientos y los cambios forzados de asegurador se han traducido en mayor mortalidad y exclusión del acceso efectivo a la salud.