La iniciativa había sido cuestionada por plataformas digitales y gremios, que advertían riesgos para aplicaciones de movilidad y para conductores y usuarios.
El Gobierno colombiano anunció el retiro del Proyecto de Ley 347 de 2026, que buscaba fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control en el sector transporte, tras las críticas de gremios y actores que alertaron sobre posibles efectos para plataformas digitales de movilidad como Uber, Cabify, Didi, Indrive y Yango.
La iniciativa, presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte del gobierno del presidente Gustavo Petro, establecía un nuevo régimen sancionatorio que, según sus detractores, podía llevar en la práctica a la prohibición de los servicios intermediados por aplicaciones cuando se prestan con vehículos particulares.
Entre las medidas contempladas se encontraban sanciones económicas, inmovilización de vehículos y restricciones operativas, lo que generó preocupación entre conductores y usuarios.
Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, explicó que la decisión responde a la necesidad de ajustar el articulado para ofrecer mayor claridad.
“Considerando las múltiples y sincrónicas, erradas interpretaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley 347 del 2026, recientemente erradicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte”, dijo.
“El Gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”, añadió Serna.
El retiro se produce después de que el gremio de plataformas Alianza In advirtiera que el proyecto permitiría suspender de forma inmediata la operación de las aplicaciones, inmovilizar vehículos hasta por 120 días y aplicar multas de hasta 4,7 millones de pesos colombianos por viaje, además de sanciones que podrían superar los 2.100 millones de pesos cuando no hubiera una multa específica.
“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan”, había dicho José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In.
Tras el anuncio del retiro, López celebró la decisión. “Triunfazo de la ciudadanía. Ahora, a regular, no a prohibir”, anotó.
Plataformas como Uber también habían cuestionado la iniciativa, señalando que “confunde la innovación con amenaza” y que criminalizar el uso de aplicaciones digitales afectaría a millones de personas que las usan para movilizarse o generar ingresos. Uber sostuvo que “usar la tecnología no es un delito” y que una regulación clara es preferible a un enfoque sancionatorio.
Alianza In ha señalado que en Colombia más de 1,28 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de plataformas digitales y que más de 21,5 millones de usuarios utilizan estas aplicaciones como alternativa cotidiana de movilidad.