Tras las críticas de Petro, las presidenta de Acolgen afirmó que los vertimientos de Hidroituango o Urrá no son discrecionales, sino decisiones técnicas para proteger a las comunidades y garantizar la seguridad energética.
La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre los vertimientos de la Hidroeléctrica de Urrá e Hidroituango, en medio de la emergencia provocada por la actual ola invernal, y aseguró que la operación de los embalses de generación eléctrica se rige por criterios técnicos, reglas oficiales y estricta supervisión del Estado.
Petro afirmó que “todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental” y sugirió que el sector eléctrico habría privilegiado el uso de gas caro en lugar de aprovechar los altos niveles de los embalses, con el fin de generar una supuesta escasez. Agregó que se habrían hecho contratos a futuro con precios elevados de generación térmica, pese a contar con energía hidráulica disponible.
“Juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privados o funcionarios. Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas que desde ya debían usar la formula nueva tarifaria, que funciona obligatoriamente desde el 2027, sino la tumba un magistrado”, señaló Petro en la red X. “La represa de Urrá solo se hizo para que los terratenientes que ahora el alcalde Medellín apoya, se apropiaran ilícitamente de la Ciénaga Grande con 44.000 hectáreas, en el bajo Sinú, que desecaron. Orden inmediata a la fuerza pública es recuperar ya la Ciénaga grande y llenarla de agua vertida”.
En respuesta, Gutiérrez sostuvo que los embalses no operan de forma arbitraria ni “botan agua gratuitamente”. Explicó que cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar energía y reducir el riesgo de inundaciones, bajo reglas técnicas vigiladas por las autoridades. “Verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe ningún incentivo económico para hacerlo”, afirmó.
Según la presidenta de Acolgen, los vertimientos son una obligación técnica cuando los embalses alcanzan niveles máximos de seguridad. No realizarlos pondría en riesgo la infraestructura y, sobre todo, la vida y los bienes de las comunidades aguas abajo. En ese sentido, recalcó que la operación responsable de los embalses es una herramienta clave de gestión del riesgo.
Gutiérrez citó evidencia que muestra que la operación de embalses puede reducir la frecuencia de inundaciones en cerca de 8 % y la severidad de las crecientes hasta en 38 %. En el caso colombiano, señaló que en la cuenca del río Sinú el embalse de Urrá ha controlado más del 96 % de las crecientes en los últimos 25 años. Estudios internacionales, añadió, estiman que la regulación de caudales reduce entre 12 % y 20 % la población expuesta a inundaciones frente a escenarios sin control hidráulico.
En el plano energético, Acolgen rechazó que se esté “botando agua para usar gas caro”. Indicó que, en un contexto de mayores lluvias, el precio de la energía en bolsa ha tendido a la baja. En 2025, el precio promedio fue de 245,8 pesos por kWh, por debajo del precio de los contratos durante casi el 79 % del tiempo; en lo corrido de 2026, esa brecha se amplió, con la bolsa por debajo de los contratos en más del 86 % del tiempo.
Las declaraciones se producen mientras el Puesto de Mando Unificado mantiene el monitoreo y las evacuaciones preventivas en zonas de riesgo.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira, así como en sectores de Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y áreas de la Amazonía.