El aumento del salario mínimo elevó el salario integral a más de $22,7 millones, impulsando a las empresas a migrar trabajadores hacia esquemas salariales ordinarios y revisar contratos.
Los trabajadores que devengan salario integral se han convertido en los primeros afectados por el incremento del 23,7% del salario mínimo decretado para 2026, un ajuste que está obligando a las empresas a replantear de forma acelerada sus esquemas de compensación ante el aumento automático de los costos laborales.
Con el nuevo salario mínimo legal mensual vigente, fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, el salario mínimo integral -aplicado a empleados con ingresos superiores a diez salarios mínimos- asciende a $22.761.765 mensuales. Este nivel ha encendido alertas en múltiples compañías por su impacto directo sobre la nómina y las cargas prestacionales.
“El incremento del salario mínimo no solo afecta a quienes devengan ese ingreso, sino que tiene un efecto transversal sobre figuras como el salario integral, que incluye prestaciones sociales, recargos y otros conceptos, con excepción de las vacaciones”, explicó Valeria Martínez, senior de Servicios Legales de KPMG en Colombia.
De acuerdo con la experta, el nuevo escenario está impulsando una tendencia creciente a migrar trabajadores desde el salario integral hacia esquemas salariales ordinarios.
En la práctica, las empresas están garantizando como mínimo el 70% del salario integral previamente pactado como salario base, mientras que el 30% restante corresponde al factor prestacional, que se reconoce durante la relación laboral. En varios casos, estos cambios se acompañan de incrementos adicionales atados al IPC.
El objetivo central de estas decisiones es contener el crecimiento acelerado de los costos laborales desde enero, sin comprometer la estabilidad de los trabajadores ni la competitividad financiera de las organizaciones. Sin embargo, los ajustes requieren una revisión contractual minuciosa, ya que modifican las bases de cálculo de prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales, lo que podría generar contingencias legales si no se implementan correctamente.
Adicionalmente, los trabajadores que permanezcan bajo la modalidad de salario integral enfrentarán una mayor carga tributaria, debido al aumento en la base gravable y a la aplicación de tarifas progresivas del impuesto sobre la renta y la retención en la fuente.
A lo anterior se suma la incertidumbre jurídica frente a una eventual nulidad del decreto que fijó el incremento del salario mínimo. De materializarse, sus efectos serían hacia el futuro y no retroactivos, lo que impediría a las empresas descontar valores ya pagados o compensar mayores aportes realizados bajo una norma vigente.