Petro argumentó riesgos climáticos y falta de recursos fiscales, pero el ex ministro José Manuel Restrepo aseguró que la atención de la ola invernal podría financiarse con una redestinación del presupuesto vigente.
El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró la Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
Durante el Consejo de Ministros realizado en Montería, el mandatario señaló que, de levantarse la medida cautelar, no sería necesario expedir un nuevo decreto de emergencia y atribuyó la suspensión a una “discusión jurídica”. Petro se refirió al magistrado Carlos Camargo, autor de la ponencia que llevó a la suspensión temporal del decreto.
El jefe de Estado advirtió que el país enfrentaría un nuevo frente frío -el tercero de la temporada- que afectaría a departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, con posible extensión al litoral Pacífico y la región Caribe. Según dijo, esta situación constituye una “causa imprevisible” que justificaría la emergencia, en un contexto de restricciones fiscales tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento.
Petro afirmó que el Gobierno tendría que recortar cerca de $16 billones del Presupuesto General y que la reparación de los daños por la ola invernal costaría una cifra similar.
Sin embargo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó tanto la pertinencia jurídica como económica de la solicitud. Según Restrepo, el propio decreto suspendido estima que las necesidades asociadas a la emergencia invernal ascienden a cerca de $0,5 billones, equivalente a alrededor del 3% de los recursos que se buscaban recaudar con la emergencia económica.
El exministro sostuvo que esos recursos podrían atenderse mediante una redestinación presupuestal, utilizando el Decreto 1193 de 2025, que declaró el desastre nacional por el invierno, y afirmó que lo que ha faltado es voluntad política para ejecutar esa alternativa.