La nueva regulación técnica busca cerrar vacíos jurídicos, fortalecer la confianza médica y posicionar al país como exportador en una industria global que superaría los US$26.920 millones en 2026.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene como plazo máximo marzo próximo para expedir la reglamentación técnica que definirá el nuevo marco operativo del cannabis medicinal en Colombia, en cumplimiento del Decreto 1138 de 2025.
La actualización normativa busca cerrar vacíos regulatorios que durante años han generado incertidumbre jurídica y reticencia clínica, en un mercado global que proyecta alcanzar los US$26.920 millones en 2026, luego de cerrar 2025 con más de US$21.830 millones.
Antes de la fecha límite, la autoridad sanitaria deberá dejar en firme ocho lineamientos estratégicos. Entre ellos, la definición de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) para preparaciones magistrales, estándares analíticos obligatorios para cannabinoides como THC y CBD, lineamientos para ensayos clínicos, reglas para productos de bajo riesgo o no psicoactivos, actualización de los procedimientos de dispensación, protocolos de inspección y vigilancia, y regulación estricta de etiquetado y publicidad.
La nueva reglamentación también implementará interoperabilidad con el sistema SEED del Ministerio de Justicia para garantizar la trazabilidad completa de la planta, desde el cultivo hasta el paciente.
Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, aseguró que el objetivo central es fortalecer la confianza médica. “El Invima deberá actualizar los procedimientos de acondicionamiento, dispensación y control de calidad, así como establecer estándares analíticos obligatorios. Con estas medidas, los derivados del cannabis se integrarán plenamente en la práctica médica convencional, bajo el mismo rigor científico que cualquier fármaco”, afirmó.
El Ministerio de Salud, por su parte, actualizará lineamientos sobre dosificación, contraindicaciones y criterios de prescripción, con el fin de unificar la práctica clínica en todo el país y reducir riesgos asociados al uso inseguro.