La empresa calcula en $243.000 millones el costo del pliego, mientras el sindicato sostiene que ESSA tiene solidez financiera suficiente para asumirlo sin afectar su sostenibilidad ni el servicio.
La huelga del sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, abrió un nuevo frente de preocupación en el sector eléctrico. Expertos advierten que están en riesgo seis departamentos y cerca de un millón de usuarios, en un servicio considerado esencial por la Constitución.
Según datos del sector, la empresa atiende 958.344 clientes en Bucaramanga y 102 municipios, incluidos más de 243.000 usuarios rurales y 64.833 bajo modalidad prepago. También dependen de su operación 517 establecimientos de salud, 71 pacientes electrodependientes, 47 hogares geriátricos, 54 centros del ICBF, 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios y seis aeropuertos, entre otros.
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la situación como “preocupante” y advirtió que el cierre de oficinas por parte del Ministerio de Trabajo podría escalar el riesgo.
“El Sistema Interconectado Nacional opera como una partida de ajedrez: el movimiento de una pieza altera todo el juego. Hoy tenemos un déficit cercano al 3% en energía en firme; cualquier falla puede generar un efecto dominó y comprometer seriamente la prestación del servicio en el resto del país”, señaló.
Según los expertos, el planteamiento del ministro de Minas, Edwin Palma, de que esta sería una especie de “experimento” para demostrar que puede hacerse huelga en una empresa de servicios públicos sin afectar el servicio carece de sustento jurídico y técnico.
El artículo 56 de la Constitución limita la huelga en servicios públicos esenciales, y la Ley 142 de 1994 reconoce expresamente ese carácter en los servicios domiciliarios.
De acuerdo con ESSA, aceptar las exigencias del sindicato costaría cerca de $243.000 millones, principalmente por la solicitud de extender a 2026 el aumento salarial del 23,7% definido para 2025 a todos los colaboradores.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, advirtió que la operación eléctrica no admite esquemas parciales sin comprometer la estabilidad de la red. Técnicamente, la red debe mantener equilibrio permanente entre generación y demanda; cualquier interrupción operativa en nodos críticos puede afectar frecuencia y voltaje, con consecuencias nacionales.
Andesco sostiene que con la propuesta de la empresa se mejoran beneficios como auxilio sindical, auxilio de alimentación, seguro de vida, fondo de vivienda y educación, salud, entre otros, y se plantea un aumento salarial que supera en varios puntos el IPC con corte a noviembre de 2025, procurando un equilibrio entre el reconocimiento a los trabajadores y la sostenibilidad y estabilidad financiera empresarial.
La posición de Sintraelecol
Sintraelecol sostiene que durante las etapas de arreglo directo y mediación presentó alternativas de acuerdo bajo criterios de razonabilidad y sostenibilidad, respetando los derechos adquiridos y la fórmula de indexación salarial vigente, sin proponer desmejoras ni regresividad laboral.
El sindicato afirma que su decisión de avanzar hacia la huelga no constituye una ruptura del diálogo, sino una medida legítima para defender principios como la progresividad laboral, la estabilidad jurídica y el respeto a los derechos convencionales.
Según la organización, la empresa rechazó de manera sistemática todas las fórmulas planteadas y mantuvo una postura orientada a modificar condiciones laborales ya pactadas.
De acuerdo con la carta enviada a los ministerios de Trabajo y de Minas y Energía, la conducta empresarial habría cerrado los espacios de concertación tanto en la etapa de arreglo directo -que se extendió por 40 días- como en las mesas de mediación institucional.
Sintraelecol también argumenta que, con base en la información financiera pública y auditada entre 2020 y 2024, ESSA atraviesa una situación económica sólida, con alta rentabilidad y liquidez, lo que -según el sindicato- haría viable el pliego de peticiones sin comprometer la sostenibilidad de la compañía.