El gobierno de Petro quiere ampliar las facultades de la negociación colectiva a sectores económicos completos, una reforma que ha despertado un alboroto en el sector privado.
Un decreto expedido por el Ministerio de Trabajo hace unos días ha dividido al país en dos: quienes lo consideran una amenaza directa a las operaciones de las empresas y quienes lo ven como un avance para los sindicalistas.
El Decreto 0234 de 2026 modifica las reglas del juego de la negociación laboral en Colombia. Hasta ahora, los sindicatos negociaban sus condiciones, como salarios, horarios, beneficios, empresa por empresa.
Con esta norma, esas negociaciones pueden escalar: un sindicato del sector financiero, del comercio o del transporte podría sentarse en una misma mesa con múltiples compañías y acordar condiciones para todo el sector.
Lo que se pacte ahí sería obligatorio para todos los empleadores de esa actividad económica, incluso para quienes no participaron directamente en la negociación.
El modelo no es nuevo en el mundo. España, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur operan bajo esquemas similares. Es uno de los argumentos del presidente de Colombia Gustavo Petro para defender la medida.
“El decreto de mejoramiento de la posición de los trabajadores en una empresa respecto a su poder de negociación existe en la realidad en Europa y en EE. UU. y en todos los países desarrollados como Japón y Corea del Sur”, dijo el mandatario.
En esos países, agregó, no solo no se frena el desarrollo sino que hay esquemas donde los propios trabajadores participan en la propiedad de las empresas.
Colombia es uno de los países con menor cobertura sindical de América Latina, y la negociación colectiva sectorial era prácticamente inexistente.
La Central Unitaria de Trabajadores lo celebró: “La CUT saluda la expedición del Decreto 0234 de 2026, que amplía la negociación colectiva en Colombia. Ahora podrá realizarse por rama de actividad, grupo empresarial y, en algunos casos, a nivel nacional, fortaleciendo a los sindicatos y los derechos laborales”.
El otro lado de la mesa
El sector privado ha reaccionado con alarma. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, la federación que agrupa a los comerciantes del país, advirtió que el gobierno pretende crear “megasindicatos sectoriales” con poder de negociar para industrias enteras, una figura que el Congreso ya había rechazado por la vía legislativa.
“El efecto sería que empresas que no participaron en la negociación queden igualmente obligadas por los acuerdos alcanzados. Es un nuevo golpe para las mipymes que quedarían obligadas a cargas salariales cuantiosas”, escribió en sus redes sociales.
Quien fue más lejos en sus críticas fue la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien anunció que demandará el decreto ante la justicia. Para Valencia, la norma “prácticamente le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos” y podría convertirse en una herramienta de extorsión, ya que los sindicatos tendrían acceso a información financiera sensible y “podrán tomar esa información y usarla como quieran. Inclusive, venderla a la competencia. Será muy difícil probar que se violó la confidencialidad”.
El decreto, sin embargo, contempla salvaguardas específicas sobre este punto. El empleador solo está obligado a entregar información “agregada o anonimizada” y únicamente en lo estrictamente necesario para la negociación. Puede condicionar esa entrega a acuerdos de confidencialidad, restringir su uso a la mesa de negociación y limitar su reproducción. Incluso puede negarse total o parcialmente a entregar datos, siempre que justifique esa negativa por escrito.
El punto de mayor tensión jurídica no es la información sino el carácter vinculante de los acuerdos. Una empresa en dificultades financieras puede quedar sujeta a los estándares pactados para su sector, aunque su situación particular sea distinta. El decreto incluye cláusulas de adaptabilidad para micro, pequeñas y medianas empresas, pero los críticos consideran que esas protecciones son insuficientes.
Valencia también cuestionó que la norma obligue a todos los trabajadores, afiliados o no a un sindicato, a pagar una cuota equivalente a la membresía sindical si se benefician de una convención colectiva.
“El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos, violando la libertad de los trabajadores que no quieran participar en esas prácticas”, recalcó.
El gobierno de Petro anunció que el siguiente paso será presentar, el próximo 20 de julio ante el nuevo Congreso, el Estatuto del Trabajo ordenado por la Constitución. Esa iniciativa buscaría elevar a rango de ley el salario vital y cambiar condiciones laborales en el país.
El decreto sobre negociación colectiva, mientras tanto, ya rige y el debate sobre su constitucionalidad se trasladará, muy probablemente, a los tribunales.
Siga las historias sobre política en nuestra sección especializada