Las pesquisas, en etapa preliminar, analizan posibles contactos con narcotraficantes y el origen de recursos en su campaña, sin que hasta ahora existan cargos ni conclusiones definitivas.
La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.
El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.
Las pesquisas, que no habían sido reveladas previamente, se encuentran en etapas iniciales y no está claro si derivarán en cargos formales. Están a cargo de oficinas que manejan casos de narcotráfico internacional, con apoyo de la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.
Entre los aspectos bajo revisión figuran posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió aportes de origen ilícito. Sin embargo, las fuentes subrayan que no hay indicios de que la Casa Blanca haya impulsado directamente estas investigaciones.
El contexto político añade tensión al caso. La relación entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido volátil, marcada por cruces públicos y amenazas. Trump ha criticado duramente a Petro y podría utilizar la existencia de estas investigaciones como herramienta de presión diplomática o influencia en el escenario político colombiano.
Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico. Aunque su hijo reconoció que dinero ilícito ingresó a la campaña de 2022, las autoridades colombianas no han presentado cargos contra el mandatario.
Las investigaciones se desarrollan en medio de una estrategia más amplia de Washington de utilizar herramientas judiciales en su política exterior, y en un momento en que Colombia sigue siendo un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico.
Por ahora, no hay comentarios oficiales de las fiscalías estadounidenses ni del gobierno colombiano.
Con información de EFE y The New York Times