El presidente del canal, Gonzalo Córdoba, pidió este jueves perdón a las víctimas y anunció que la exrelatora de la CIDH Catalina Botero liderará una comisión externa; la crisis estalló la semana pasada con denuncias de presunto acoso sexual contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.
El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, ofreció este jueves disculpas públicas a las personas afectadas por presuntas conductas de acoso sexual al interior del canal y anunció la creación de una comisión externa de investigación, en un discurso ante empleados de la principal cadena de televisión colombiana, siendo esta la respuesta institucional frente a la crisis que estalló la semana pasada.
“Lo sentimos profundamente. Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo”, dijo Córdoba en su discurso este jueves. “Si existieron conductas indebidas, deben conocerse y deben tener consecuencias. No vamos a justificar, minimizar ni esconder nada.”
La comisión independiente será liderada por Catalina Botero Marino, quien se ha desempeñado como magistrada auxiliar y conjueza de la Corte Constitucional, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Córdoba señaló que el proceso contará con garantías de confidencialidad para quienes deseen ser escuchados.
La crisis se desató el pasado viernes, cuando Caracol confirmó haber activado protocolos internos ante denuncias contra dos periodistas cuya identidad no reveló en ese momento.
El martes, el canal anunció la desvinculación de Ricardo Orrego, de forma unilateral, y de Jorge Alfredo Vargas, de mutuo acuerdo, siendo dos de sus presentadores más reconocidos, con décadas de trayectoria frente a las cámaras. En ambos casos, la empresa aclaró que las decisiones no constituyen un juicio sobre los hechos denunciados ni implican conclusiones sobre responsabilidades individuales.
Vargas confirmó su salida en un comunicado personal en el que aseguró cerrar el capítulo “con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”, y añadió que respeta la percepción de quienes pudieron haber interpretado su conducta de manera distinta, aclarando que nunca fue esa su intención.
La representación legal de Orrego, a cargo de la firma Rojas Fiallo Consultores & Abogados Asociados, precisó que la terminación del vínculo fue una decisión unilateral del empleador adoptada en el marco de sus facultades contractuales, y no el resultado de una investigación disciplinaria concluida. El comunicado invocó de manera expresa la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en la Constitución colombiana, y señaló que no existe a la fecha decisión en firme ni pronunciamiento de autoridad competente que establezca responsabilidad alguna.
La presión regulatoria también se hizo sentir. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, activó labores de inspección, vigilancia y control en el canal, invocando el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia, que obliga a los empleadores a garantizar entornos laborales libres de violencia y acoso.
El escándalo adquirió una dimensión adicional tras la publicación de Juanita Gómez, expresentadora del canal, quien escribió en X que las situaciones denunciadas no eran “momentos incómodos” sino “conductas normalizadas”, un testimonio que sugiere que los hechos no serían episodios aislados.
Caracol Televisión es propiedad del Grupo Valorem, el conglomerado empresarial de la familia Santo Domingo.