La inspección evidenció presuntos casos reiterados de acoso, subregistro de denuncias y fallas en investigaciones internas, lo que llevó al Ministerio a exigir acciones de protección y reparación.
El Ministerio del Trabajo ordenó medidas preventivas de ejecución inmediata contra Caracol Televisión S.A., tras identificar riesgos de vulneración de derechos fundamentales de sus trabajadores en el marco de una inspección realizada el pasado 26 de marzo.
La decisión, formalizada en el Auto 0010 del 7 de abril de 2026, se sustenta en hallazgos que apuntan a presuntas conductas reiteradas de acoso sexual laboral, subregistro de denuncias por temor a represalias y fallas en los mecanismos internos de atención.
Según la cartera laboral, la actuación administrativa evidenció una brecha entre los protocolos formales de la compañía y su aplicación efectiva. Entre los principales hallazgos se encuentran la ausencia de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador, y deficiencias en la trazabilidad de quejas, lo que compromete la eficacia de los canales de protección.
El Ministerio también recibió durante la inspección nuevas denuncias de presuntos casos de acoso laboral y sexual, lo que refuerza la advertencia sobre un riesgo actual de repetición de estas conductas y de afectación a derechos como la dignidad, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas.
Aunque la empresa adoptó algunas medidas iniciales, la cartera concluyó que estas no cumplieron con estándares de debida diligencia, al no evidenciar procesos de investigación sólidos ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos.
En este contexto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “no toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral”, y advirtió que los protocolos deben garantizar una protección efectiva y no limitarse a una formalidad.
Como parte de las órdenes, Caracol Televisión deberá implementar acciones urgentes que incluyen la protección integral de víctimas, denunciantes y testigos, garantías de no revictimización, el inicio de investigaciones internas con enfoque de género y el fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad.
También se exigieron medidas de reparación, la reconstrucción de antecedentes disciplinarios y la investigación sobre posibles filtraciones de información.
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, señaló que el objetivo es transformar las condiciones que han permitido la repetición de estas conductas y advirtió que el miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en los entornos laborales.
Las medidas tienen carácter preventivo, inmediato y obligatorio, y estarán vigentes mientras avanzan las actuaciones administrativas. Su incumplimiento podría agravar la responsabilidad del empleador.