En el centro del debate está la forma en que los municipios liquidan el predial, el rezago en la actualización de predios rurales y el impacto que las protestas ya empezaron a tener sobre la movilidad y el abastecimiento en varias regiones.
El Dane reportó que la variación total nacional del Índice de Valoración Predial fue de 3,45% en 2025, sin embargo señaló que Manizales, Pasto, Popayán, Tunja y Armenia estuvieron entre las capitales con incrementos por encima de esa media.
El dato volvió a abrir el debate sobre el aumento en el valor catastral de los predios en Colombia. El ajuste, que ha generado malestar, protestas y bloqueos, se hizo basado en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo y, en el caso de las zonas rurales, en una resolución del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi).
La norma permitió hacer, por una sola vez, un ajuste en el valor catastral de predios que llevaban más de cinco años sin actualizarse. En otras palabras, el Gobierno buscó ponerse al día con aquellos inmuebles cuyos valores estaban atrasados frente a la realidad del mercado. Según explicó la entidad, ese ajuste se hizo de manera automática y comenzó en zonas rurales. Luego, la Resolución 2057 de 2025, publicada el 30 de diciembre, definió en qué porcentaje subirían esos avalúos en algunos municipios durante 2026.
Por su parte, el IGAC ha insistido en que el avalúo catastral no es lo mismo que el impuesto predial. En su aclaración oficial sobre el alcance del ajuste de avalúos, la entidad señaló que “el ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del Impuesto Predial Unificado” y precisó que, aunque el IGAC determina el avalúo catastral, no liquida, cobra ni recauda el impuesto, ni define tarifas o beneficios tributarios, funciones que corresponden a las alcaldías y a los concejos municipales.
Entre tanto, el mandatario Gustavo Petro pidió a los alcaldes impulsar ajustes en las tarifas del impuesto predial para reducir la carga sobre campesinos, pequeños productores agrarios y propietarios de vivienda de estratos 1, 2 y 3. Además, planteó que las tarifas más altas deberían recaer sobre haciendas improductivas y lotes de engorde en zonas urbanas, con el argumento de que el predial debe aplicarse de forma diferencial para proteger a los sectores más vulnerables y no profundizar el impacto del alza de los avalúos.
Las protestas por los avalúos ganaron intensidad desde la semana pasada, especialmente en Santander, donde se registraron bloqueos en corredores como el de Lebrija. La movilización también tuvo presencia en Boyacá, Norte de Santander y otras zonas del país, con afectaciones en la movilidad hacia Bucaramanga y en la vía Cúcuta-Pamplona, mientras comenzaban a anunciarse acuerdos y mesas de revisión.
Por su parte, Fenavi (Federación Nacional de Avicultores de Colombia) advirtió en un comunicado del 13 de abril que, tras cuatro días de paro por avalúos catastrales, Santander y Norte de Santander, que concentran cerca de 23% de la producción nacional de pollo y huevo, acumulaban más de 10 millones de huevos represados y cerca de 1.500 toneladas de carne de pollo sin poder ser movilizadas. El gremio agregó que solo en Santander se requieren unas 7.000 toneladas diarias de alimento para aves y que más de 1.200 granjas estaban impactadas por las restricciones en las vías.
Ese cruce entre política catastral, tributación territorial y abastecimiento quedó reflejado en Santander, donde este 14 de abril se anunció un acuerdo para revisar los incrementos en los avalúos municipio por municipio. El compromiso, contempla una revisión de los casos con problemas en un plazo de 15 días, después de varios días de bloqueos en las vías.
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