Una investigación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada evidenció que algunas empresas del sector con permisos legales, estarían siendo utilizadas como plataforma para actividades ilícitas, incluyendo el uso ilegal de armas y posibles esquemas de lavado de activos.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales, mientras avanza en procesos legales contra otras ocho compañías en distintas regiones del país.
La decisión fue comunicada por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien criticó a las organizaciones que obtienen habilitaciones legales para prestar servicios de seguridad, pero que posteriormente desvían capacidades, como personal armado y recursos logísticos, hacia actividades ilegales.
Las investigaciones adelantadas por el ente regulador han identificado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos, así como personal humano con posibles nexos con estructuras criminales.
Como primera respuesta, en Barranquilla fueron canceladas en primera instancia las licencias de Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., mientras avanzan otros procesos en diferentes regiones del país. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el sector Defensa, la Superintendencia espera tener un monitoreo más fuerte sobre este sector haciendo uso de esquemas basados en analítica de datos, inteligencia y articulación interinstitucional.
Álvarez insiste en que la mayoría de las empresas opera dentro de la legalidad, incluso, el sector de la vigilancia privada genera empleo para más de 360.000 familias y cumple un rol importante en la seguridad empresarial del país.
Sin embargo, el Gobierno hará un seguimiento sobre las licencias que se tramiten. Al mismo tiempo, la Superintendencia advirtió que anticipa una vigilancia más estricta y sanciones ejemplares para quienes utilicen el andamiaje legal del sector como fachada para la delincuencia.
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