La investigación documenta lavado por $730.000 millones y enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, con uso de empresas fachada y contrabando.
La Fiscalía General de la Nación reveló que la investigación contra la cadena Lili Pink involucra un presunto entramado empresarial que habría lavado activos por $730.000 millones y generado enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones.
Según el ente acusador, el esquema habría operado mediante importadoras y sociedades de papel utilizadas para dar apariencia de legalidad al ingreso de mercancía de contrabando y recursos ilícitos al país.
Como parte del proceso, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en diligencias realizadas en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército.
De acuerdo con la investigación, las operaciones incluían prácticas como fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y mecanismos para dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Los bienes intervenidos quedaron bajo proceso de extinción de dominio y continuarán operando bajo supervisión estatal mientras jueces especializados determinan su destino definitivo.
Luego del operativo, Lili Pink señaló que atiende un proceso administrativo ante autoridades legales y regulatorias y que trabaja con sus asesores jurídicos dentro del marco legal. La empresa se pronunció tras los operativos del CTI en más de 300 puntos comerciales, que podrían derivar en la administración de algunos locales por la SAE, y pidió proteger la marca y la estabilidad laboral de sus empleados.
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