Detrás de medio millar de tiendas de ropa íntima femenina, la Fiscalía encontró un entramado que habría movido más de $730.000 millones mediante importadoras fantasma, contrabando técnico y sociedades de papel.
Durante más de una década, los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera rastrearon un patrón que se repetía en varias cadenas comerciales colombianas. Importadoras que traían mercancía de Asia con valores declarados que parecían demasiado bajos, transacciones fragmentadas para dificultar la trazabilidad, y tiendas de ropa que vendían productos a precios que desafiaban cualquier lógica de mercado. Esta semana, esa investigación explotó ante la opinión pública.
La Fiscalía General de la Nación intervino la cadena de ropa femenina Lili Pink en una operación que abarcó 59 ciudades y municipios de 25 de los 32 departamentos del país. La acción, ejecutada por la Delegada contra las Finanzas Criminales con apoyo del Ejército Nacional, resultó en medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.
El objetivo fue desarticular una presunta red transnacional de lavado de activos que, según la Fiscalía, habría lavado más de $730.000 millones (unos US$200 millones) a través de un conglomerado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior.
Lo paradójico del caso es que no fueron los investigadores quienes encontraron a Lili Pink, sino la propia empresa la que se puso en el radar del Estado.
En 2021, la compañía (cuya propietaria legal es Fast Moda SAS) solicitó ante la Dian la devolución del IVA, un trámite rutinario que desencadenó una cadena de auditorías.
“El punto en el que Lili Pink empieza este proceso es porque Lili Pink pide devolución del IVA, seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido”, explicó Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, en declaraciones a Caracol Radio.
Las auditorías no tardaron en revelar inconsistencias. Los investigadores identificaron proveedores que, al ser verificados, simplemente no existían.
“Se logró identificar que había empresas que eran de fast moda y se logró identificar que los proveedores no existían”, señaló Quiñónez.
Una de las modalidades detectadas fue el contrabando técnico con productos importados (prendas de vestir, juguetes y cosméticos) que eran reetiquetados para hacerlos pasar como fabricación nacional.
En puntos clave de entrada al país como Maicao, en la frontera con Venezuela; Barranquilla, sobre el Caribe; y Tumaco, sobre el Pacífico, los investigadores identificaron el ingreso de productos subfacturados con destino a la cadena.
Las irregularidades superaron la competencia de la Dian y el caso escaló a la Fiscalía. Lo que vino después fue complejo. Quiñónez reveló que durante la investigación se encontró una libreta con nombres de funcionarios de la entidad tributaria, lo que sugería posibles vínculos internos con las operaciones investigadas.
Las visitas de control enfrentaron filtros que alertaban a la empresa antes de las inspecciones.
“Las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas”, indicó, y añadió que algunos funcionarios recibieron amenazas durante el proceso.
Según la Fiscalía, las maniobras de la organización estaban orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero para facilitar su incorporación al sistema económico formal.
El general en retiro Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Polfa y participante en las primeras fases de la investigación, conoce bien la dificultad de probar estos esquemas.
“Comprobar estas actividades es muy complejo. Y se debe a la dificultad para configurar el delito de contrabando”, reconoció en entrevista con El País de España.
La comparación con el caso de Tierra Santa, otra cadena intervenida hace cuatro años, resulta reveladora, porque aquella investigación no solo encontró contrabando de productos importados de Asia, Líbano y Turquía, sino que según Buitrago determinó que el dinero llegaba a fondos vinculados a grupos islámicos en Oriente Próximo para financiar actividades de terrorismo.
Las cifras del caso Lili Pink son de otra escala. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó el lavado de activos en una cuantía superior a los $730.000 millones.
A eso se suma un presunto enriquecimiento ilícito por más de $430.000 , contrabando por valores que superarían los $75.000 millones, y decomisos de mercancía por parte de la Dian avaluados en más de $54.000 millones.
Un juez de control de garantías de Bogotá expidió además varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, que al momento de la publicación de esta historia se encontraban en proceso de materialización y judicialización.
Para entender la escala del negocio que está en el centro de la investigación, los números registrados ante la Superintendencia de Sociedades son elocuentes. En 2024, el último año con reportes públicos disponibles, Fast Moda SAS fue la empresa número 528 en ventas en Colombia, con ingresos de $518.000 millones y un crecimiento del 16% en sus ingresos operacionales.
Sus activos llegaron a $307.000 millones, un alza del 9% frente al año anterior. Las ganancias alcanzaron $5.578 millones, con una rentabilidad sobre activos del 1,82% y sobre patrimonio del 8,3%.
Quizás el dato más llamativo en el expediente económico de la empresa es la evolución de su patrimonio neto: en 2020 era de apenas $10 millones. Para 2024, había llegado a $31.868 millones, un crecimiento de más de 5.500 veces en cinco años.
Los locales de Lili Pink permanecerán abiertos mientras avanza el proceso judicial:. La Fiscalía precisó que los activos afectados continuarán desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad.
Según trascendió, otras importadoras de comercio y muebles son investigadas en coordinación con la Fiscalía.
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