La empresa, a través de su abogado Iván Cancino, asegura que las investigaciones están en curso y que las actuaciones son una controversia jurídica, no conclusiones definitivas.
Lili Pink, a través de su apoderado, el abogado penalista Iván Cancino, aseguró que no existe ninguna decisión judicial en firme que establezca responsabilidades en su contra, frente a las investigaciones penales y de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
En un comunicado, la compañía señaló que se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación y que los señalamientos conocidos públicamente corresponden a una controversia jurídica en curso.
Sobre las acusaciones de contrabando, la empresa afirmó que no existe declaratoria judicial que las confirme y que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades competentes. También indicó que las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos soportados.
La reacción se produce luego de que la Fiscalía revelara que investiga un presunto entramado empresarial que habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos ilícitos al país, con operaciones que incluirían lavado de activos por $730.000 millones y enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones.
En el marco de ese proceso, las autoridades impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en diligencias realizadas en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.

Frente a estas cifras, la defensa de la compañía advirtió inconsistencias entre los montos divulgados y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo que —según indicó— deberá ser esclarecido en sede judicial.
Lili Pink reiteró que opera legalmente, que genera más de 3.000 empleos directos y que comparece ante las autoridades ejerciendo su derecho de defensa. Asimismo, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso mientras avanzan las investigaciones.
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