NYCE propone que empresas, partidos y candidatos adopten sistemas antisoborno para reducir riesgos en contratación pública y financiación electoral.
El calendario electoral de 2026 volvió a poner bajo observación los riesgos de corrupción asociados a la contratación pública y la financiación de campañas. Tras las elecciones de Congreso del 8 de marzo y a pocas semanas de la elección presidencial del 31 de mayo, NYCE hizo un llamado a que empresas, partidos, candidatos y contratistas del Estado adopten sistemas de gestión antisoborno como herramienta para reforzar controles internos y reducir la exposición a pagos indebidos, dádivas o desvío de recursos.
La advertencia se concentra en dos frentes sensibles durante los años electorales: los procesos de contratación estatal y los recursos que circulan alrededor de las campañas. NYCE sostiene que la norma ISO 37001 puede funcionar como un estándar de referencia para identificar puntos críticos de contacto entre empresas y sector público, fortalecer controles en la cadena de valor y demostrar ante socios e inversionistas la existencia de políticas de integridad.
El llamado se apoya en cifras de percepción empresarial sobre soborno. El organismo cita la Cuarta Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, según la cual el 91% de los empresarios consideraba que se ofrecían dádivas para obtener contratos. Como contexto adicional, una medición posterior de Transparencia por Colombia y la Universidad Externado reportó que el 96% de los empresarios percibía sobornos en el entorno de negocios, que el porcentaje estimado para ganar un contrato era de 16,7% de su valor y que el 51% veía las contribuciones a campañas políticas como una de las formas más comunes de soborno. Esto, en elecciones pasadas.
La discusión también coincide con el seguimiento que Transparencia por Colombia mantiene sobre la financiación electoral de 2026. La organización habilitó un tablero de datos para consultar ingresos y gastos de campañas, con actualizaciones de lunes a viernes, y ha señalado que la financiación transparente es clave para prevenir corrupción y garantizar elecciones justas.
La ISO 37001 es un estándar internacional para establecer, implementar, mantener y mejorar sistemas de gestión antisoborno. De acuerdo con ISO, el modelo busca ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y responder al soborno, además de cumplir leyes y compromisos aplicables, tanto en el sector público como en el privado y en entidades sin ánimo de lucro. Sus componentes incluyen políticas antisoborno, debida diligencia, controles financieros y no financieros, formación, mecanismos de reporte, monitoreo y mejora.
“La certificación ISO 37001 no es un simple trámite, es una declaración de principios”, señaló William Vizcaíno, director general de NYCE en Sudamérica, al advertir que la transparencia electoral requiere compromisos del sector privado y de los movimientos políticos, además de la vigilancia de las autoridades.
El marco penal colombiano también contempla sanciones para este tipo de conductas. El artículo 407 del Código Penal, compilado por Función Pública, establece que el cohecho por dar u ofrecer dinero u otra utilidad a un servidor público puede acarrear prisión de 48 a 108 meses, multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
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