Esta es la agenda ambiental de los candidatos presidenciales que puntean en las encuestas

A lo largo del tiempo, el país ha construido parte de su reputación internacional alrededor de su biodiversidad y sus compromisos climáticos. Sin embargo, de acuerdo con un análisis sobre el panorama electoral elaborado por LLYC, el medio ambiente dejó de ser un tema transversal para convertirse en un asunto instrumentalizado, atravesado por disputas ideológicas, necesidades fiscales y promesas de crecimiento económico. En el escenario político empiezan a evidenciarse diferencias marcadas sobre el rumbo de la transición energética y la importancia de los recursos extractivos.

Esta tendencia ha estado marcada por el contexto global, donde la sostenibilidad ha perdido fuerza debido a presiones económicas, energéticas y de seguridad. En Estados Unidos, el regreso de una política más enfocada en autosuficiencia energética y competitividad industrial ha afectado compromisos en materia climática. En Europa, los temores sobre la pérdida de competitividad también han moderado ambiciones regulatorias. Asimismo, la motivación empresarial por los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) muestra señales de agotamiento.

Ahora bien, en Colombia se pasó de discutir la transición energética como política pública a debatir sobre la conveniencia del fracking, la exploración petrolera y el papel de los hidrocarburos en las finanzas nacionales.

Agenda ambiental de candidatos presidenciales

Por un lado, Sergio Fajardo representa una postura técnica. El candidato busca alejarse de posiciones maximalistas y construir una “transición responsable”, donde la protección ambiental no presente inconvenientes con la estabilidad económica. Su propuesta incluye metas cuantificables como cero deforestación hacia 2030 y mecanismos de financiamiento como bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y mercados de carbono.

Iván Cepeda concibe la agenda ambiental como una extensión de debates sobre justicia social, desigualdad y soberanía territorial. Su narrativa plantea una oposición al modelo extractivo, rechaza el fracking y prioriza la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía y los páramos. El medio ambiente aparece en su discurso ligado al acceso al agua, derechos humanos y redistribución económica. Algunos sectores empresariales advierten que esta metodología terminaría en una confrontación regulatoria con las industrias de extracción.

Partiendo desde el punto de vista de la competitividad y seguridad energética aparece Paloma Valencia. Su discurso está basado en combatir la pobreza como una política ambiental, debido a que las restricciones energéticas terminan afectando a los sectores más vulnerables. Plantea que la exploración de hidrocarburos y el fracking no son únicamente un debate climático; sino que deberían verse como instrumentos para el desarrollo económico, generación de empleo y reducción de costos energéticos.

Por su parte, Abelardo de la Espriella ha planteado una visión abiertamente extractivista. En su plan de gobierno, los recursos del subsuelo son el motor financiero capaz de fondear al Estado y acelerar el crecimiento económico. La protección ambiental está asociada al combate contra la minería ilegal, inclinada hacia razones de seguridad y lucha contra economías criminales.

Empresas de energía, infraestructura, agroindustria y minería del país enfrentan un escenario de incertidumbre regulatoria y reducción en recursos como gas natural e hidrocarburos.

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