La Audiencia Nacional anuló la sanción del ejercicio 2011 al concluir que la cantante colombiana no era residente fiscal en España ese año; con intereses y costas, la devolución superará los 70 millones de euros.
La Justicia española exoneró a la cantante colombiana Shakira del fraude fiscal que la Agencia Tributaria le atribuía en el ejercicio 2011 y ordenó a Hacienda devolverle las cantidades cobradas, según un fallo conocido este lunes que la artista celebró como el cierre de su última disputa pendiente con el fisco español.
La Audiencia Nacional, un tribunal de Madrid especializado en asuntos financieros complejos, anuló la resolución de julio de 2021 del Tribunal Económico Administrativo Central, que había concluido que la artista defraudó ese año en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de la cantante y, en una sentencia adoptada a mediados de abril, declaró que no podía considerarse residente fiscal en España en 2011, ya que pasó más de la mitad del año fuera del país y carecía de los vínculos laborales o familiares que exige la ley.
“Al no tener domicilio fiscal en España, es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho”, señaló el tribunal. La Sala agregó que la Administración partió de la idea de que la artista tenía su domicilio fiscal en España en 2011, algo que “no ha quedado acreditado”.
Como consecuencia, Hacienda deberá devolver a Shakira las cantidades ingresadas en el procedimiento, que sus abogados cifran en 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares). Sumados los intereses de demora y las costas, la cifra superará los 70 millones de euros, según el equipo legal de la artista, encabezado por José Luis Prada.
La sentencia subraya que la propia Administración no logró acreditar la permanencia de la cantante durante 183 días en territorio español, el umbral legal a partir del cual una persona genera obligaciones tributarias. Como máximo, su estancia alcanzó 163 días entre jornadas certificadas y presuntas.
El tribunal añadió que tampoco se acreditó que radicara en España “el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos”, y constató que el entramado empresarial atribuido a la artista se encontraba fuera del territorio nacional. En 2011, Shakira se encontraba de gira mundial, con 120 conciertos en 37 países, y no tenía en España vivienda, hijos ni sede empresarial, según su equipo legal.
La Sala descartó además que existiera una conexión familiar suficiente. Hacienda sostenía que la artista mantenía “una relación sentimental con un residente español”, en referencia al exfutbolista Gerard Piqué, pero los magistrados respondieron que ello “no puede equipararse legalmente a un vínculo conyugal”, como exige la ley.
La Audiencia Nacional condenó además en costas a la Agencia Tributaria, una medida que se adopta en los casos más claros, ante una desestimación completa de los argumentos del fisco. La decisión aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, declaró Shakira en un comunicado. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.
La cantante lamentó haber sido “tratada como culpable” durante casi una década y afirmó que se utilizó su nombre y su figura pública “para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”.
Dijo esperar que el fallo siente “un precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que, según ella, son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.
El pleito resuelto no ha sido el único de la artista con Hacienda. En 2023, Shakira alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, que la acusaba de delitos fiscales en el IRPF y el IP entre 2012 y 2014: aceptó seis condenas de seis meses de prisión, sustituidas por multas, además de una multa de 7,3 millones de euros. Una causa adicional relativa al ejercicio de 2018 fue archivada y derivada al ámbito administrativo. A comienzos de 2023, la cantante se trasladó a Miami con sus hijos, donde fijó su residencia fiscal.
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