El Gobierno propuso elevar a US$18.000 las multas impuestas contra ciertos inmigrantes que no cumplieron con órdenes de deportación emitidas en su contra y son arrestados
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso elevar a US$18.000 las multas impuestas contra ciertos inmigrantes que no cumplieron con órdenes de deportación emitidas en su contra y son arrestados por las autoridades migratorias.
En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide elevar de US$5.130 a US$18.000 el cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y posteriormente son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El Registro Federal también señala que los comentarios sobre la propuesta se recibirán hasta el 22 de junio de 2026.
El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones.
Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la Administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse.
Las órdenes de deportación en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no asisten a sus audiencias.
En la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS explica que en septiembre pasado el ICE comenzó a cobrar US$5.000 por la multa establecida para el año fiscal 2025. Para noviembre pasado, las autoridades migratorias ajustaron la tarifa por inflación a US$5.130.
Ahora, ICE argumenta que revisó los datos y determinó que la tarifa de US$5.130 es demasiado baja para compensar suficientemente a la agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.
“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, asegura el DHS en la propuesta, al señalar que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, entre ellos capacitación, vehículos y personal de apoyo.
El DHS dio plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.
Con información de EFE.
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