La ANI archivó la iniciativa privada Conexión Centro, que contemplaba $7 billones en inversiones y más de 50.000 empleos para el Eje Cafetero. La Procuraduría abrió un seguimiento al proceso.
Un informe técnico elaborado en 2024 dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro concluyó, tras varios meses de estudio, que el corredor Autopistas del Café debía ser nuevamente concesionado, una recomendación opuesta a la decisión que terminó adoptando esta semana la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por orden del propio mandatario.
El estudio, reportado primero por Valora Analitik, fue realizado por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), entidad adscrita al Ministerio de Transporte encargada de trazar la hoja de ruta para el desarrollo y la sostenibilidad de la infraestructura del país.
El documento, titulado ‘Concesiones carreteras revertidas, próximas a revertir y corredores estratégicos’, fue ordenado por el Ejecutivo teniendo en cuenta la situación fiscal del país y la necesidad de optimizar recursos para grandes proyectos. Su propósito era recomendar, para corredores clave de Colombia, la mejor opción entre volver a concesionarlos o dejarlos en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El análisis incluyó a Autopistas del Café, que conecta a Armenia, Pereira y Manizales y que opera desde hace 30 años bajo un esquema de APP previsto para terminar en febrero de 2027. Para evaluar el corredor, la UPIT no pudo aplicar el comparador público-privado (Pre CPP), al no contar con el costo de las obras nuevas o pendientes, por lo que se concentró en una matriz multicriterio y en los ingresos de los peajes existentes.
En esa matriz, el proyecto obtuvo cero puntos en disponibilidad presupuestaria (porque no cuenta con vigencias futuras aprobadas y requiere su trámite particular) pero sumó un punto en cada uno de los demás criterios: complejidad de obras y servicios, rápida disponibilidad del servicio y materialización de riesgos. La entidad explicó que parte de las obras requeridas tiene una complejidad relevante y que el corredor, al contar ya con infraestructura capaz de asumir la demanda vehicular, no exige una intervención urgente, lo que permite continuar su estructuración en los tiempos de una APP.
En cuanto a los ingresos, el informe identificó que los peajes existentes en el corredor podrían generar $2,5 billones en un período de 10 años y $7,4 billones en 30 años, recursos suficientes para financiar las obras tanto por la vía de una APP como por obra pública.
Con esos elementos, la UPIT fue concluyente: “el análisis multicriterio y financiero permiten identificar el método de contratación recomendado para este corredor es a través de una APP”, señala el documento, que añade que dicha contratación debía realizarse “a través de la ANI, es decir, bajo el mecanismo APP establecido en la Ley 1508 de 2012”. La unidad matizó que ello debía hacerse sin aumentar el número de peajes ni incrementarlos más allá de la inflación.
El informe también se refirió específicamente a Conexión Centro, la iniciativa privada estructurada durante ocho años por Odinsa Vías, de Grupo Argos, para volver a concesionar el corredor con nuevas obras y ajustes en los peajes. Sobre ese proyecto, la UPIT recomendó que la ANI hiciera “el proceso de validación de las tarifas diferenciales y la identificación de los peajes que, por tráfico, podrían ser susceptibles de reducción o eliminación, dados los requerimientos de la población del área de influencia”. En ningún momento la entidad planteó rechazar la iniciativa.
Pese a ello, el Gobierno tomó el camino contrario. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó esta semana que la ANI rechazó la iniciativa privada Conexión Centro, un proyecto de quinta generación (5G) que buscaba modernizar y ampliar los corredores entre Armenia, Pereira, Manizales y Calarcá–La Paila.
“Hoy informé, como vocera del sector y del Presidente de la República para este efecto, que tras la evaluación integral, basada en sus competencias y en línea con los lineamientos de política pública del Gobierno Nacional, la ANI decidió rechazar la IP Conexión Centro”, comentó la funcionaria.
El proyecto contemplaba inversiones cercanas a $7 billones para intervenir unos 317 kilómetros en el Eje Cafetero y la generación de más de 50.000 empleos. Incluía nuevas dobles calzadas, puentes, viaductos e intersecciones, además de cerca de 77 kilómetros de vía nueva para conectar de manera más eficiente a Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, junto con ajustes en peajes y tarifas diferenciales tras las protestas registradas en el corredor. Petro había sostenido que el Eje Cafetero debe volver a la obra pública y pidió desmontar las casetas de cobro una vez el proyecto regrese a manos del Invías.
La discusión se intensificó el pasado 16 de mayo, cuando el presidente planteó cambiar el modelo de carreteras por concesión a uno de construcción por obra pública para que los “peajes desaparezcan paulatinamente”, sin entregar más detalles, en medio de protestas ese mismo día por las siete casetas de cobro de la vía.
En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Gregorio Eljach, solicitó verificar una eventual terminación anticipada del contrato de concesión, tras advertir posibles riesgos para el interés público y la adecuada prestación del servicio. La petición fue dirigida al Ministerio de Transporte y a la ANI.
El Ministerio Público pidió un “informe sobre el estado actual del contrato de concesión No. 0113 de 1997”, incluyendo las obras de rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor Armenia–Pereira–Manizales, e identificar “las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes de ejecución o cumplimiento por parte del concesionario”.
El organismo recordó que, en comunicaciones previas, la ANI había señalado que “no existiría terminación anticipada de este contrato”.
La Procuraduría también pidió que, de existir una eventual terminación, se expliquen “los supuestos fácticos, jurídicos, técnicos y financieros que soportan esta decisión”, junto con las posibles compensaciones económicas y la entidad que asumiría la administración del corredor. Además, solicitó evaluar los efectos sobre “las economías locales, el turismo, el transporte regional, la conectividad y las comunidades asentadas en el corredor vial”, y precisar las medidas para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad vial durante cualquier transición. El órgano de control indicó que continuará haciendo seguimiento al proceso.