La ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho argumentan ante la CIDH que las actuaciones del mandatario ponen en riesgo los derechos políticos de más de 41 millones de votantes antes de la segunda vuelta presidencial
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos políticos de los ciudadanos colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
La petición fue presentada en nombre de los 41,4 millones de colombianos habilitados para votar y sostiene que existe un riesgo para el ejercicio libre del sufragio derivado de las actuaciones y pronunciamientos del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral.
Entre las medidas solicitadas, las organizaciones pidieron que la CIDH requiera al Estado colombiano ordenar al mandatario abstenerse de emitir declaraciones que induzcan el voto, favorezcan o perjudiquen candidaturas, formulen acusaciones de fraude sin evidencia verificada por una autoridad competente o promuevan movilizaciones políticas en favor de una opción electoral determinada.
La solicitud también plantea que se garantice la independencia de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, así como que ministerios y entidades públicas se abstengan de utilizar recursos, plataformas institucionales y medios estatales para difundir contenidos de carácter electoral durante la campaña de segunda vuelta.
La ANDI y la Fundación argumentan que las actuaciones denunciadas forman parte de un patrón reiterado de participación política por parte del presidente, que incluye cuestionamientos al sistema electoral, denuncias de fraude y llamados a la movilización política pese a decisiones judiciales previas que ordenaron abstenerse de ese tipo de conductas.
Según el documento, la urgencia de la medida radica en que la segunda vuelta se celebrará en menos de tres semanas y cualquier decisión posterior perdería eficacia para evitar un eventual daño sobre el proceso de formación de la voluntad de los electores.
La petición llega un día después de que las mismas organizaciones presentaran una denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que solicitaron un pronunciamiento sobre la neutralidad institucional y las garantías de la contienda presidencial.