Gobierno, oposición y dirigentes independientes cuestionaron la competencia de la Comisión de Acusaciones para suspender al presidente Gustavo Petro. Aunque las posturas difieren en la lectura política, varias voces coincidieron en que una eventual suspensión debe pasar por el trámite constitucional en Cámara y Senado.

La orden de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, firmada por la congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió una controversia inmediata en plena recta final de la segunda vuelta presidencial.

Aunque el documento busca apartar al jefe de Estado hasta el cierre de urnas del 21 de junio, las primeras reacciones se concentraron menos en el fondo de la investigación por presunta participación en política y más en una pregunta institucional: ¿puede una congresista o la Comisión suspender por sí sola a un presidente?

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la validez de la medida. Sostuvo que la Comisión de Acusaciones es una instancia de instrucción y que una eventual suspensión solo podría ser adoptada por el Senado, luego de que la plenaria de la Cámara actúe como ente acusador. Para Benedetti, la decisión no puede depender de la voluntad de una sola representante.

Esa lectura jurídica fue compartida por voces de distintas orillas políticas. La senadora Angélica Lozano citó el artículo 194 de la Constitución para recordar que la suspensión del presidente corresponde al Senado y calificó la resolución como absurda. En la misma línea, el concejal Daniel Briceño afirmó que Petro solo puede ser suspendido por el Senado de la República, previa admisión pública de una acusación.

Desde sectores de oposición, la reacción tomó un tono más político. El expresidente Iván Duque aseguró que una congresista no puede suspender al presidente y preguntó si la medida busca convertirse en un mecanismo de victimización para que Petro intervenga con más fuerza en la campaña. También habló de una posible “autosuspensión” y pidió respetar la democracia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue más allá y sugirió que la movida podría favorecer políticamente al presidente. En un mensaje irónico, planteó una supuesta conversación entre Petro y Arizabaleta en la que la suspensión serviría para indignar a sus seguidores, victimizarse y agitar el ambiente político antes de las elecciones. “No crean bobos a los colombianos”, escribió.

Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó la competencia de la Comisión y sostuvo que la decisión parece un favor para que Petro se victimice y provoque un nuevo conflicto institucional. Por su parte, el exsenador Jorge Enrique Robledo calificó la actuación como “descaradamente ilegal” y subrayó que resulta llamativo que la medida provenga de una congresista cercana al petrismo.

Rodrigo Lara, vinculado a la campaña de Abelardo de la Espriella, calificó la situación como un “autoatentado legislativo” y afirmó que la decisión buscaría abrirle espacio político a Petro en los días finales de campaña. Sus señalamientos se inscriben en la lectura de varios opositores que ven en la suspensión no un castigo efectivo, sino una maniobra para alimentar la narrativa de persecución.

Por otro lado, Paloma Valencia también entró al debate y cuestionó el alcance real del auto, insistiendo en que el procedimiento constitucional no puede ser reemplazado por una decisión individual dentro de la Comisión.

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