Prosperity dice que multiplica por diez el patrimonio que asesora y prepara apertura de oficina en Colombia

Prosperity, la firma de gestión patrimonial fundada hace cinco años por abogados colombianos, multiplicó por diez los recursos que gestiona para sus clientes y alista la apertura de oficinas en Colombia, según su CEO, Juan José Oliveros.

“Hemos pasado de unos 40 a 400 millones de dólares gestionados”, dijo Oliveros en entrevista. El multi-family office, con sede en Panamá, atiende actualmente a unas 85 familias de toda la región, “desde Chile hasta los Estados Unidos”, y opera además en Estados Unidos, con planes de abrir oficinas en Colombia próximamente.

La firma nació con tres socios cofundadores —todos abogados especialistas en Colombia con más de diez años de experiencia en el mundo empresarial, la gestión de patrimonio y los temas fiscales— y hoy cuenta con cinco socios. Según Oliveros, el origen del negocio estuvo en un vacío que detectaron entre las familias de la región: cuando necesitaban crear estructuras internacionales, “sentían como un vacío de seguridad”, desconfiaban de las firmas internacionales y de los costos, y no encontraban una integración de servicios financieros, contables, legales y de seguros bajo un mismo techo.

La compañía eligió Panamá como sede del multi-family office por su centro financiero y porque muchas de las estructuras patrimoniales e internacionales de sus clientes están ubicadas legalmente en ese país. Para el mercado estadounidense, el grupo opera a través de Prospericorp, una compañía de Prosperity con presencia en Nueva York que acompaña a empresarios latinoamericanos que quieren entrar a Estados Unidos con respaldo legal, fiscal y de relaciones públicas.

Oliveros hizo una precisión sobre el modelo de negocio: “Nosotros en Prosperity no somos un fondo y nosotros no recibimos dinero o recursos de nuestros clientes”. La firma guía las inversiones de las familias hacia instituciones financieras internacionales según las necesidades y el perfil de riesgo de cada cliente, y diseña planeaciones financieras y portafolios a la medida.

En cuanto al apetito de los clientes, el sector de finca raíz y los bonos son los que más interés han despertado. “En este último año, por el tema de las tasas de interés y de moneda, hay una oportunidad muy importante en temas de bonos”, señaló el ejecutivo.

Sobre el frente tributario, Oliveros explicó que los residentes fiscales colombianos están obligados a declarar todo su patrimonio a nivel internacional, por lo que las inversiones que no pagan impuestos en el exterior —como ciertas inversiones en deuda de Estados Unidos que tienen privilegios para extranjeros— muy seguramente sí quedarán gravadas en Colombia. Como alternativa, mencionó las inversiones a través del Mercado Global Colombiano (MGC), que permiten invertir en deuda estadounidense desde Colombia con beneficios fiscales “completamente legales, permitidos y dictados por la DIAN y el Gobierno Nacional”.

El CEO también describió cómo ha cambiado la planeación patrimonial en las últimas décadas. Hace 20 o 30 años, dijo, el enfoque estaba en “sacar las cosas de la vista de las autoridades fiscales” y la evasión era preponderante a nivel internacional. Los mecanismos de intercambio de información como FATCA y CRS transformaron esa práctica: hoy las estructuras son más sofisticadas y están declaradas en los países de residencia fiscal de sus dueños. “La planeación fiscal y la planeación patrimonial no es un delito, no es ilegal. Es un derecho de los contribuyentes”, afirmó.

Para Oliveros, no existe un monto mínimo a partir del cual una familia deba empezar a planear. Citó como ejemplo la fiducia civil colombiana, una figura que permite transferir patrimonios de 200, 300 o 500 millones de pesos a los hijos al momento de la muerte sin pasar por un proceso de sucesión judicial o notarial, y que puede reducir el impacto fiscal de la transición. El mecanismo, agregó, se ha vuelto especialmente relevante para las familias colombianas con hijos que viven en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, y que deben seguir cumpliendo con la ley colombiana.