El Ministerio de la Igualdad dejará de existir este 20 de junio, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio origen por falta de aval fiscal y el Congreso no aprobara una nueva iniciativa para corregir los errores identificados.
El Ministerio de la Igualdad, una de las banderas políticas más visibles del Gobierno de Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, está a dos días de quedarse sin sustento legal. Tras administrar recursos por $2 billones y registrar algunos de los peores niveles de ejecución presupuestal del Estado colombiano, la entidad enfrenta su desaparición, un desenlace que parecía improbable cuando fue presentada como la institución destinada a saldar la deuda histórica con las poblaciones más vulnerables del país.
El Gobierno no logró sacar adelante en el Congreso la ley que debía corregir los errores detectados por la Corte Constitucional, y el tiempo para hacerlo prácticamente se agotó.
El alto tribunal concluyó que el Ministerio de la Igualdad fue creado de manera irregular porque el Gobierno y el Congreso no demostraron cuánto costaría poner en marcha una nueva cartera. En lugar de ordenar su cierre inmediato, la Corte Constitucional permitió que siguiera funcionando temporalmente y le dio al Congreso un plazo para aprobar una nueva ley que corrigiera ese error. Ese plazo vence el 20 de junio. El Congreso no logró aprobar la nueva norma, la ley que creó el Ministerio dejará de tener vigencia y la entidad quedará sin el sustento jurídico necesario para seguir existiendo.
Desde su nacimiento, el Ministerio estuvo rodeado de dificultades. Fue concebido como la gran herramienta del Gobierno para atender a mujeres, comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinos, jóvenes y otros grupos históricamente marginados. Pero la promesa se transformó en problemas en la planeación institucional y cuestionamientos sobre su viabilidad financiera.
La Corte Constitucional declaró inexequible la ley 2281 de 2023 que dio origen a la institución, al concluir que no se había realizado adecuadamente el análisis de impacto fiscal exigido para una entidad pública. Aunque el alto tribunal permitió que continuara funcionando temporalmente para evitar un vacío institucional, condicionó su supervivencia a que el Congreso aprobara una nueva ley corrigiendo los errores detectados.
En su primer año completo de funcionamiento, el ministerio contó con cerca de $1,5 billones y apenas ejecutó alrededor del 5% de esos recursos. Posteriormente, aunque el presupuesto disminuyó a poco más de $455.000 millones, la ejecución apenas alcanzó el 23,5%. Para el último periodo presupuestal disponible, con una asignación superior a $323.000 millones, el avance volvía a ubicarse por debajo del 10%.
Las dificultades del Ministerio no se limitaron a la baja ejecución presupuestal. Con el paso del tiempo también crecieron las preguntas sobre el uso efectivo de los recursos y la capacidad de demostrar resultados concretos.
Aunque la entidad movilizó billones de pesos hacia distintos programas sociales y esquemas de contratación, la falta de indicadores de impacto y de información suficiente para evaluar los resultados terminó alimentando dudas sobre la eficiencia de una de las apuestas institucionales del Gobierno.
Durante su corta existencia, el Ministerio enfrentó denuncias de acoso laboral, disputas internas, tensiones políticas y cuestionamientos sobre la capacidad de liderazgo dentro de la entidad. Varias de estas controversias terminaron opacando las políticas públicas que pretendía impulsar.
La desaparición del Ministerio de la Igualdad representa una derrota política para una de las iniciativas más emblemáticas del proyecto de gobierno de Gustavo Petro. La entidad nació como un símbolo de cambio y como una señal de reconocimiento para sectores históricamente marginados en el país; sin embargo, terminó convertida en un caso de ejemplo sobre los riesgos de crear instituciones sin fundamentos jurídicos, financieros y operativos.
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