Bavaria aseguró que ha cumplido los compromisos asumidos ante la SIC en materia de libre competencia y destacó una certificación otorgada por la entidad e Icontec.
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Bavaria para determinar si la compañía habría incumplido compromisos aceptados en 2022 ante la autoridad de competencia, en una investigación relacionada con presuntas restricciones en el mercado de cerveza.
La actuación fue abierta mediante la Resolución No. 41359 del 3 de junio de 2026. Según la SIC, los elementos recaudados indicarían que Bavaria habría mantenido o implementado condiciones comerciales incompatibles con las garantías aprobadas por la entidad, entre ellas presuntas exclusividades no reportadas ni formalizadas, relaciones de preferencia prohibidas y penalidades asociadas al uso de equipos de frío.
Asimismo, la SIC recordó que el caso tiene origen en una investigación previa contra Bavaria, en la que se indagó si la empresa adoptó una estrategia orientada a dificultar el acceso o la expansión de competidores en el mercado de cerveza mediante el aumento de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio.
Según la SIC, para cerrar anticipadamente esa investigación, Bavaria se obligó en 2022 a eliminar cláusulas de preferencia, reducir sustancialmente el uso de exclusividades y flexibilizar las condiciones comerciales aplicables a los establecimientos con los que mantenía ese tipo de acuerdos.
Frente a la decisión de la SIC, Bavaria aseguró que ha cumplido de manera rigurosa las garantías ofrecidas en 2022 para fortalecer las condiciones de competencia en el mercado cervecero. La compañía destacó que en 2025 se convirtió en la primera y, hasta ahora, única empresa en obtener la certificación en la norma técnica de cumplimiento para competencia NTC 6378:2020, desarrollada por la SIC e Icontec, la cual acredita la adopción de altos estándares en esta materia.
“Bavaria implementó con rigurosidad el esquema de garantías ofrecido en 2022, orientado a fortalecer las condiciones de competencia en el mercado. La compañía continúa promoviendo activamente la libre competencia y aportando al desarrollo socioeconómico del país junto a los más de 300.000 clientes que integran su cadena de valor”, señaló la empresa.
Por otro lado, la SIC señaló que recibió información y denuncias sobre el presunto incumplimiento de esos compromisos. En particular, Central Cervecera de Colombia aportó información de visitas comerciales realizadas a establecimientos de comercio en distintas regiones del país, con registros sobre los puntos de venta, los hechos observados y las relaciones comerciales con Bavaria que, según la autoridad, resultarían incompatibles con las garantías aprobadas.
La entidad informó que realizó más de 100 visitas administrativas a establecimientos dedicados a la venta de cerveza en Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja. A esto se sumaron requerimientos a agentes del mercado y declaraciones de personas con conocimiento de los hechos investigados.
En esa línea, la Superindustria sostuvo que la evidencia indicaría que Bavaria celebró contratos de patrocinio con establecimientos de comercio en los que se habrían incorporado condiciones comerciales incompatibles con los compromisos asumidos ante la autoridad.
Entre las conductas identificadas por la SIC están presuntas exclusividades no reportadas ni formalizadas conforme a las garantías aceptadas, relaciones de preferencia prohibidas, subordinación del suministro del producto a la aceptación de condiciones accesorias, penalidades asociadas al uso de equipos de frío y obligaciones de compra mínima.
De acuerdo con la Delegatura de Competencia, estas medidas habrían promovido el mantenimiento de mecanismos orientados a restringir la capacidad de los establecimientos para comercializar productos de empresas competidoras y, en consecuencia, habrían limitado la presencia y expansión de otras marcas de cerveza en los puntos de venta.
Si se comprueban los hechos investigados, Bavaria podría recibir multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La SIC indicó que los terceros interesados podrán intervenir en la actuación administrativa dentro de los términos previstos por la ley y los plazos señalados en la resolución de apertura.
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