La administradora de salud más grande del país perdió $4,8 billones en 2024. La razón: el descalce entre la UPC y los gastos de atención de los pacientes. Algo que la Corte Constitucional ya había advertido.
Durante estos cuatro años de la administración Petro, el debate sobre la crisis del sistema de salud colombiano estuvo dividido entre dos posiciones irreconciliables. De un lado, el Gobierno sostuvo que los recursos del sistema eran suficientes y que los problemas obedecían principalmente a la gestión de las EPS. Del otro, aseguradoras, clínicas y hospitales insistieron en que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) era insuficiente para cubrir el costo de la atención de los pacientes.
La controversia alcanzó un punto de inflexión en 2025, cuando la Corte Constitucional, mediante el Auto 007, concluyó que el Gobierno no había demostrado la suficiencia de la UPC fijada para 2024 y ordenó revisar su metodología y actualizar su valor. Esa actualización nunca se produjo. Hoy, la publicación de los estados financieros de Nueva EPS correspondientes a 2024 aporta una nueva pieza de evidencia para evaluar si las preocupaciones expresadas por el alto tribunal tenían fundamento.
Las cifras hablan por sí solas. Nueva EPS registró ingresos operacionales por $22,2 billones, provenientes casi en su totalidad de la administración del aseguramiento en salud. Sin embargo, los costos de prestación de servicios ascendieron a $26,4 billones, lo que produjo una pérdida cercana a $4,8 billones. Los ingresos no operacionales fueron marginales, de manera que el desequilibrio financiero se explica fundamentalmente porque los recursos del aseguramiento resultaron inferiores al costo de la atención en salud.
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La conclusión adquiere especial relevancia porque proviene de la mayor EPS del país y, además, de una entidad intervenida por el propio Estado. En otras palabras, ya no se trata únicamente de la posición de los gremios o de las EPS privadas. Es la información financiera certificada de una entidad bajo administración estatal la que muestra que el costo médico superó los recursos disponibles para atender a sus afiliados.
El propio comunicado con el que Nueva EPS presentó los estados financieros reconoce que “el principal problema financiero no estuvo en los gastos administrativos, sino en que el costo médico fue superior a los recursos recibidos”. La afirmación desplaza el foco del debate. Durante meses, buena parte de la discusión pública giró alrededor de la eficiencia administrativa de las EPS. Las cifras conocidas ahora muestran que el principal desequilibrio es estructural y tiene que ver con la diferencia entre los ingresos del aseguramiento (valor de la UPC) y el costo de los servicios prestados.
Saneamiento contable
Naturalmente, los estados financieros también reflejan un amplio proceso de saneamiento contable. La entidad reconoció obligaciones acumuladas de años anteriores y registró pasivos que no habían sido incorporados oportunamente en la contabilidad, un ejercicio que contribuyó a deteriorar el patrimonio y a aumentar las pérdidas reportadas para 2024.
Ese aspecto obliga a interpretar las cifras con prudencia. No toda la pérdida puede atribuirse exclusivamente a la insuficiencia de la UPC. Sin embargo, el hecho de que los ingresos operacionales hayan sido inferiores al costo de la prestación de los servicios constituye una señal difícil de ignorar en un debate cuyo núcleo precisamente consiste en determinar si la financiación reconocida por el sistema alcanzaba para cubrir el costo real de la atención. Esta es claramente una de las razones de la crisis del sistema de salud.
Habla Acemi
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, consideró que la publicación de los estados financieros representa “un avance importante”, aunque advirtió que “no está completa la película sin la información del año 2025 y parcial del 2026”, por lo que aún no puede conocerse plenamente la realidad financiera de la entidad.
Vesga sostuvo además que las cifras conocidas corresponden apenas a una parte del período de intervención de Nueva EPS y que el próximo gobierno deberá realizar “un análisis forense alrededor de los estados financieros y la realidad contable” para establecer el verdadero estado de la aseguradora y definir las medidas necesarias para su recuperación.
La discusión, sin embargo, trasciende el futuro de Nueva EPS. La entidad concentra cerca de una cuarta parte de los afiliados al sistema de salud y sus estados financieros constituyen la primera evidencia contable de gran escala disponible después del Auto 007 de la Corte Constitucional. Si bien por sí solos no demuestran que toda la crisis del sistema de salud obedezca a una UPC insuficiente, sí aportan un elemento objetivo al debate: durante 2024, precisamente el año sobre el que la Corte ordenó revisar la suficiencia de la UPC, los recursos del aseguramiento fueron inferiores al costo de la atención médica.
La pregunta que queda abierta es inevitable. Si la mayor EPS del país, administrada por el propio Estado, muestra que el costo de atender a sus afiliados superó los recursos recibidos para financiar esa atención, ¿hasta qué punto los estados financieros terminan confirmando las preocupaciones que llevaron a la Corte Constitucional a ordenar la revisión de la UPC de 2024? Esa será una de las discusiones más importantes que heredará el gobierno de Abelardo de la Espriella y, probablemente, uno de los primeros debates que deberá resolver para avanzar y resolver la crisis del sistema de salud. El esfuerzo no es poco: si quieren sanear el patrimonio de la Nueva EPS deberán cubrir al menos los casi $12 billones en patrimonio negativo que dejó la compañía en 2024.