El representante a la Cámara electo pidió al próximo Gobierno crear un marco jurídico que permita renovar los contratos de estas instituciones, que atienden a más de 38.500 estudiantes.
El representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño, hizo un llamado al próximo Gobierno para garantizar la continuidad de los 35 colegios en concesión que operan en la capital, ante el vencimiento de 22 contratos durante 2026 y de otros 13 en 2028.
Briceño dirigió su mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella; al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y a la ministra de Educación designada, Vivian Morales. En su intervención, aseguró que la falta de un marco jurídico que permita renovar los contratos pone en riesgo la permanencia del modelo.
“Los colegios en concesión de Bogotá están a punto de acabarse y quiero hacer esta advertencia pública”, señaló el exconcejal, quien recordó que estudió en una de estas instituciones y pidió que su continuidad pueda definirse mediante criterios de calidad educativa.
De acuerdo con las cifras presentadas por Briceño, los 35 establecimientos atienden a 38.538 niños y adolescentes, de los cuales el 86 % pertenece a los estratos 1 y 2. Los planteles están distribuidos en localidades como Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén.
Aunque son colegios públicos y sus estudiantes no pagan matrícula, la administración, la orientación pedagógica y la prestación del servicio están a cargo de organizaciones privadas contratadas por el Distrito. La Secretaría de Educación explica que esta modalidad permite que personas jurídicas privadas organicen, coordinen, administren y dirijan los establecimientos bajo su propio Proyecto Educativo Institucional.
Los contratos fueron divididos en dos grupos: el primero reúne 22 instituciones con vigencias entre 2017 y 2026, mientras el segundo está compuesto por 13 colegios cuyos contratos se extienden de 2019 a 2028. Esas vigencias fueron autorizadas mediante los acuerdos distritales 647 de 2016 y 711 de 2018.
Según Briceño, el vencimiento de los primeros 22 contratos involucraría a 26.401 estudiantes, mientras que los 13 restantes atienden a 12.137. Su advertencia plantea que el Distrito no tendría actualmente un mecanismo jurídico claro para suscribir nuevos contratos de largo plazo con base únicamente en los resultados académicos.
El representante electo sostuvo que el modelo fue creado inicialmente para atender insuficiencias de infraestructura, docentes y cupos dentro del sistema oficial. Sin embargo, consideró que la reducción de la matrícula escolar ha debilitado esa justificación, por lo que propuso que los nuevos contratos puedan respaldarse en indicadores de desempeño y calidad.
Además, afirmó que el puntaje promedio de los colegios en administración en las pruebas Saber 11 fue de 276 puntos, frente a los 262 registrados por los colegios oficiales administrados directamente por el Distrito. También señaló que la tasa de tránsito inmediato hacia la educación superior alcanza el 57 % en los primeros y el 42,6 % en los segundos. Estas cifras corresponden a la información expuesta por Briceño en su pronunciamiento.
La Secretaría de Educación ya había señalado que la contratación de estas instituciones estuvo asociada tanto a la ampliación de cobertura como al cumplimiento de estándares de calidad. En un informe de seguimiento, la entidad también atribuyó a los colegios en administración resultados en acceso, permanencia, calidad y clima escolar.
Briceño pidió que el nuevo Gobierno modifique las normas que regulan la contratación del servicio educativo y permita que Bogotá conserve este esquema. “El futuro de 35.000 niños y adolescentes está en sus manos. No los abandonen”, concluyó.
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