El plan contempla el pago ordenado de las obligaciones, restricciones a la distribución de utilidades y el seguimiento de un Comité de Acreedores.
La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., compañía con sede en Barranquilla dedicada a producir y comercializar materias primas para fertilizantes, insumos agropecuarios y productos químicos utilizados por el sector agrícola. La empresa es filial de Pequiven, petroquímica estatal venezolana.
La propuesta recibió el respaldo del 99,569% de los votos emitidos por los acreedores y fue aprobada en las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026. Con esta decisión, Monómeros podrá continuar operando mientras atiende las obligaciones incluidas en el proceso de insolvencia.
El plan establece un esquema para pagar las deudas respetando el orden legal de los créditos. También contempla proyecciones de flujo de caja, medidas de disciplina financiera, restricciones a la distribución de utilidades y el seguimiento permanente de un Comité de Acreedores.
La reorganización fue iniciada de oficio en marzo de 2025 debido a la situación financiera de la compañía. El objetivo era preservar su operación, mantenerla como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, en lugar de avanzar hacia una liquidación.
El caso de Monómeros también ha ocupado un lugar en la relación política y comercial entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Entre 2019 y 2022, la empresa estuvo administrada por representantes designados por la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, a quien el entonces Gobierno colombiano reconocía como presidente interino de Venezuela.
La administración cambió en septiembre de 2022, semanas después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia y restableciera las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro. En ese momento, directivos nombrados por el Gobierno venezolano retomaron el control de la junta de Monómeros, cuya propiedad permanecía en manos de Pequiven.
Desde entonces, Petro ha presentado a la compañía como un activo relevante para la seguridad y la soberanía alimentaria, debido a su participación en el suministro de fertilizantes utilizados por los productores agrícolas colombianos. Su Gobierno también ha planteado que una mayor participación pública en la empresa podría contribuir al abastecimiento y a la estabilidad de los precios de esos insumos.
En noviembre de 2024, ante la posibilidad de que las acciones de Monómeros fueran vendidas, Petro manifestó públicamente su oposición a que la empresa pasara a manos privadas. Durante ese mismo periodo, la Supersociedades inició una actuación para someterla al máximo grado de supervisión denominado “control”, al considerar que una eventual venta y su estructura de financiación podían generar un riesgo de insolvencia.
La entidad aclaró entonces que esa medida no representaba una toma de posesión ni permitía al Gobierno colombiano administrar directamente la compañía. Monómeros conservó su autonomía y sus propietarios mantuvieron sus derechos sobre las acciones, aunque algunas decisiones empresariales quedaron sujetas a supervisión.
El Gobierno Petro también exploró la posibilidad de que Colombia adquiriera la empresa. En julio de 2025, los gobiernos colombiano y venezolano firmaron un acuerdo de confidencialidad para intercambiar información financiera, operativa y comercial que permitiera evaluar una eventual compra por medio de Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana. La determinación final debía ser tomada por Petro.
La negociación no se concretó. En septiembre de 2025, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol señaló que las sanciones estadounidenses aplicables a empresas estatales venezolanas impedían que la petrolera colombiana adquiriera Monómeros sin una autorización de Estados Unidos.
El acuerdo de reorganización aprobado ahora no modifica la propiedad de la empresa ni significa que Colombia la haya comprado. Se trata de un convenio entre Monómeros y sus acreedores, tramitado bajo la Ley 1116 de 2006, para reorganizar sus obligaciones y mantener la operación empresarial.
Los estados financieros con corte a septiembre de 2025 registraban activos por cerca de $1,35 billones y pasivos por aproximadamente $860.557 millones. Para la Supersociedades, esas cifras mostraban que la empresa conservaba capacidad operativa, pero requería medidas para atender sus compromisos financieros.
La ejecución del acuerdo será vigilada por la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de supervisar compañías y administrar procesos empresariales de insolvencia. Nini Johanna Castañeda Quintero, superintendente de Sociedades encargada, sostuvo que el mecanismo permitirá preservar la empresa y ordenar el pago de sus obligaciones.
“Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial”, afirmó Castañeda.
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