La compañía afirmó que resistió intervenciones, campañas de desprestigio y ataques oficiales, y sostuvo que continuará acudiendo a la justicia para defender su reputación y la de sus colaboradores.
El grupo de origen español Keralty respondió con dureza a las más recientes declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro, quien en los últimos días de su mandato volvió a cuestionar a la organización y llegó a calificarla de “genocida”.
La compañía rechazó de manera categórica esas acusaciones, las calificó de “gravísimas e infundadas” y aseguró que constituyen un ataque contra miles de profesionales de la salud que trabajan en Colombia.
En un extenso pronunciamiento, la organización sostuvo que durante los últimos cuatro años fue objeto de una estrategia de persecución política e institucional por parte del Gobierno, que, según afirmó, recurrió a “la desinformación, las calumnias y las intervenciones arbitrarias” para intentar desmontar el modelo de aseguramiento en salud.
Keralty argumentó que diversas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han dejado sin efecto actuaciones adoptadas contra EPS Sanitas y han reconocido vulneraciones al debido proceso, entre ellas la devolución de la administración de la entidad y órdenes de rectificación de declaraciones oficiales.
La compañía aseguró que el Gobierno impulsó una reforma “ideológica, improvisada y carente de soporte técnico”, que terminó deteriorando la prestación de los servicios de salud, aumentando la incertidumbre financiera del sistema y poniendo en riesgo la continuidad de la atención para millones de usuarios.
En el comunicado, Keralty, dueña de EPS Sanitas, afirmó que decidió enfrentar las medidas oficiales mediante acciones judiciales y argumentos técnicos, en lugar de ceder a las presiones. “Resistimos presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país”, señaló.
La organización también rechazó cualquier señalamiento relacionado con supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita, asegurando que esas acusaciones han sido desvirtuadas en los escenarios judiciales. Agregó que continuará acudiendo a las instancias nacionales e internacionales para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores.
Finalmente, Keralty reiteró que mantendrá sus operaciones en Colombia y aseguró que trabajará para fortalecer el sistema de salud y contribuir a recuperar la confianza institucional, al tiempo que expresó su confianza en que los procesos judiciales en curso establezcan responsabilidades sobre quienes, según la empresa, utilizaron el poder del Estado para perseguir y difamar a la organización.
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