¿El Gobierno Petro comprometió la sostenibilidad fiscal del país? La duda que la Contraloría busca despejar

La Contraloría General puso bajo revisión las decisiones presupuestales, contractuales y financieras adoptadas durante los últimos meses del Gobierno de Gustavo Petro, tras identificar riesgos en contratos por $4,55 billones y en operaciones de deuda que, según el organismo, podrían trasladar mayores cargas fiscales a las próximas administraciones.

Entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, una vez terminó la restricción de la Ley de Garantías, las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 14.414 contratos, 11.000 de ellos mediante contratación directa. La cifra representa un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de hace cuatro años y, para la Contraloría, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de esas obligaciones en un contexto de menores ingresos y presiones sobre las finanzas públicas.

Como parte de ese seguimiento, el martes 28 de julio el organismo envió un equipo de Policía Judicial de su Unidad de Reacción Inmediata al Ministerio de Hacienda para recaudar información relacionada con la función de advertencia emitida un día antes. La diligencia tiene carácter preventivo y busca establecer si las decisiones adoptadas cuentan con respaldo financiero suficiente, sin que ello implique, por ahora, un hallazgo de daño fiscal.

El primer frente de preocupación está en la contratación pública. Además del volumen contratado, la Contraloría advirtió que las finanzas públicas enfrentan un menor recaudo frente a las metas, presiones sobre la caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación. En ese escenario, asumir nuevas transferencias, contratos o asignaciones sin recursos disponibles podría elevar el endeudamiento y generar futuras reclamaciones contra el Estado.

El organismo identificó siete factores de riesgo, entre ellos una planeación financiera insuficiente en contratos de alta cuantía, la concentración de recursos, el aumento de la contratación directa y posibles debilidades en la supervisión. La advertencia fue dirigida al Ministerio de Hacienda por su papel como gestor central del Presupuesto General de la Nación y, a través de esa cartera, a los ordenadores del gasto de las entidades nacionales.

MinHacienda respondió que los funcionarios de la Contraloría fueron atendidos en las diferentes áreas requeridas. Asimismo, sostuvo que la información sobre ejecución presupuestal y contratación se encuentra disponible en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), plataforma que centraliza la gestión de los recursos públicos. La cartera no precisó qué documentos fueron recaudados ni qué operaciones concretas fueron revisadas.

La deuda, el segundo foco de la revisión

La visita también ocurre después de que la estrategia de manejo de deuda aplicada por el Gobierno modificara la composición de las obligaciones financieras de la Nación. En octubre de 2025, MinHacienda recibió TES por $43,4 billones y entregó nuevos títulos por $35,4 billones, una operación que redujo en cerca de $8 billones el saldo nominal de la deuda, pero sustituyó parte de los bonos existentes por papeles con vencimientos hasta 2058 y cupones de hasta 12%.

Un documento técnico presentado posteriormente por la Dirección General de Política Macroeconómica al Confis señaló que esa reducción debía entenderse como una recomposición de las obligaciones financieras. La propia cartera reconoció que el menor saldo nominal compensaría parcialmente el aumento de las tasas y que los intereses adicionales derivados del nuevo perfil de endeudamiento serían distribuidos a lo largo del tiempo.

La Contraloría reconoció que el canje cumplió las normas aplicables a la gestión de deuda. Sin embargo, concluyó que reemplazó títulos con cupones cercanos al 7,25% por nuevos bonos con tasas del 11,75% y 12%, lo que habría incrementado los pagos anuales de intereses en unos $316.500 millones. A juicio del organismo, la operación trasladó cargas financieras a futuros gobiernos y redujo el espacio disponible para gasto social y otras prioridades.

Por esas razones, el caso fue remitido al organismo encargado del control disciplinario para que evalúe posibles responsabilidades. El hallazgo podría sentar un precedente, pues plantea que una operación de deuda no debe examinarse únicamente por la liquidez o el ahorro conseguido durante el año en que se realiza, sino también por los intereses acumulados y las obligaciones que deja durante toda su vigencia.

MinHacienda, por su parte, rechazó esa interpretación. La cartera explicó que los nuevos cupones reflejaban las tasas vigentes en el mercado y que emitir títulos con intereses más bajos habría obligado a venderlos con mayores descuentos. En ese escenario, habría sido necesario colocar más deuda nominal para conseguir la misma cantidad de recursos. También sostuvo que la auditoría se concentró excesivamente en los cupones y no valoró de manera integral la reducción del riesgo de liquidez y refinanciación.

Con las posiciones enfrentadas, la revisión de la Contraloría continúa. El organismo deberá establecer si las decisiones sobre contratación, ejecución presupuestal y manejo de la deuda representaron únicamente un cambio en la estrategia financiera del Gobierno o si, por el contrario, comprometieron recursos públicos de manera que limiten el margen fiscal de las próximas administraciones y den lugar a responsabilidades fiscales o disciplinarias.

Escrito por Nicolás Domínguez R

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