La ministra saliente defiende la reactivación ferroviaria como el principal legado del Gobierno, reivindica las tarifas diferenciales en peajes y asegura que deja proyectos estratégicos encaminados para la próxima administración.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dejará este 6 de agosto el cargo convencida de que el principal legado del Gobierno de Gustavo Petro en infraestructura será la recuperación de los trenes como eje del sistema logístico colombiano.
“Sin duda, para mí el resumen estaría en la reactivación de los trenes”, afirmó Rojas en entrevista con Forbes Colombia. La ministra sostiene que el ferrocarril no debe entenderse únicamente como un modo de transporte, sino como una herramienta para conectar los centros de producción con los puertos, reducir los costos logísticos y fortalecer la capacidad exportadora del país.
Como ejemplo citó el corredor La Dorada–Chiriguaná, que, según dijo, pasó de movilizar 12.000 toneladas de carga en 2021 a 1,15 millones de toneladas en 2025. Además, aseguró que deja 12 proyectos ferroviarios en distintos niveles de maduración, con inversiones cercanas a $20 billones, entre ellos Regiotram de Occidente, el Regiotram del Norte (Zipaquirá–Bogotá), Villavicencio–Puerto Gaitán, el corredor del Pacífico y otros proyectos que avanzan en estudios y estructuración.
En materia portuaria, Rojas destacó la entrada en operación de Puerto Antioquia y los avances en otros proyectos como Puerto Bahía y Puerto Río Córdoba, que, según afirmó, fortalecerán la competitividad del comercio exterior colombiano. También señaló que el movimiento de carga por los puertos alcanzó en 2025 un récord de 174 millones de toneladas.
En el frente aeroportuario, la ministra expresó su respaldo a El Dorado Max, el proyecto de ampliación del principal aeropuerto del país. Aseguró que las inversiones previstas no solo incrementarán la capacidad aeroportuaria, sino que también mejorarán la movilidad en el corredor de la calle 26 de Bogotá, por lo que confía en que la iniciativa continúe bajo la nueva administración.
Rojas también defendió la relación del Gobierno con el sector privado, aunque reconoció diferencias en algunos contratos de concesión. Citó los casos de los aeropuertos de Barranquilla y Cali, donde cuestionó el estado en que, según afirmó, fueron entregadas las terminales tras años de operación privada, al considerar que las inversiones realizadas fueron insuficientes.
Al mismo tiempo, insistió en que el país necesita combinar inversión pública y capital privado para desarrollar su infraestructura. “Pensar que todo lo va a poder hacer el Estado también es una utopía”, señaló.
Uno de los temas más controvertidos de su gestión fue la política de peajes. La ministra sostuvo que las tarifas diferenciales forman parte del marco legal desde hace más de tres décadas y recordó que 78 de los 143 peajes administrados por la ANI cuentan con ese mecanismo. En el caso de Autopistas del Café, defendió la propuesta de reducir tarifas para algunos usuarios al argumentar que existían excedentes dentro del contrato y que la medida buscaba aliviar el impacto sobre las economías locales.
Sobre las vías terciarias, Rojas aseguró que el programa Caminos Comunitarios para la Paz recibió cerca de $1 billón y alcanzó una ejecución cercana al 95% de los recursos efectivamente asignados. Reconoció, sin embargo, que el programa recibió menos recursos de los inicialmente previstos, lo que limitó el alcance de las intervenciones.
El balance de la ministra refleja los desafíos de un sector que trascienden a cualquier administración. Reactivar los trenes, ampliar puertos y aeropuertos, mantener las concesiones, mejorar las vías terciarias y reducir los costos logísticos forman parte de una agenda de largo plazo en un país cuya geografía y restricciones fiscales hacen que cada decisión de infraestructura tenga implicaciones económicas y sociales que van mucho más allá de una obra específica.
Reportado por Narciso De la Hoz G.