Mientras la atención nacional se concentraba en la respuesta a la crisis desencadenada por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó, el departamento del Tolima enfrenta un severo choque ambiental y económico provocado por las altas temperaturas.
La región mantiene 17 incendios forestales activos que ya han destruido más de 11.000 hectáreas, obligando a un despliegue extraordinario de organismos de socorro.
Aunque el trabajo coordinado entre la Gobernación y las administraciones locales ha permitido contener varios frentes, la persistencia de los focos críticos refleja la complejidad de la contingencia. Desde la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, su titular, Erika Lozano, advirtió que el uso inapropiado de costumbres agrícolas comunitarias ha entorpecido las labores de control:
“Lo que hemos podido ver en todo este ejercicio es que se tiene una práctica que, aunque es ancestral, se debe realizar con muchísima responsabilidad. La comunidad tiene la costumbre de combatir el fuego con fuego y esto puede hacer que también se propague”.
Además del impacto ambiental, la atención de la emergencia genera una alta presión sobre las finanzas públicas municipales. Las alcaldías han tenido que reorientar recursos presupuestales de manera imprevista para garantizar la cadena logística de los cuerpos de socorro, cubriendo rubros de transporte, alojamiento, alimentación y operación técnica en las áreas afectadas.
En focos de alta complejidad como el municipio de San Luis, la estrategia de contención debió ser escalada con el apoyo de flota aérea de la Policía Nacional. Frente a la reincidencia de conflagraciones de origen humano, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, enfatizó que habrá mano dura e implicaciones legales para quienes originen nuevos focos: “Seremos muy exigentes con quienes se atrevan a realizar las mal llamadas quemas controladas. El Código Penal prevé duras sanciones”.
Una vez superada la fase de contención, la administración departamental deberá estructurar un plan de reactivación económica y recuperación ambiental para restablecer la capacidad productiva de los cultivos y comunidades rurales afectadas.
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Reportado por Juan Camilo Torres Alarcón