El terremoto de magnitud 7,4 afectó más de 2.198 sedes educativas en 19 departamentos y mantiene a más de 400.000 estudiantes con su matrícula educativa afectada.
Ocho días después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el sistema educativo enfrenta uno de los golpes más severos de su historia reciente: más de 2.198 sedes educativas presentan algún tipo de afectación y más de 400.000 estudiantes tienen su matrícula educativa afectada.
El impacto se extiende por 19 departamentos y tiene a Chocó, sede del epicentro, entre los territorios más golpeados. Allí, 796 escuelas reportaron afectaciones, mientras que en Caldas más de 400 sedes educativas registraron daños. En el Valle del Cauca, la emergencia dejó además seis estudiantes muertos por el colapso de infraestructura educativa en Calima El Darién y Yumbo.
El alcance de la emergencia también ha interrumpido el acceso a la educación de más de 75.000 niños, niñas y adolescentes, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que acompaña a las familias damnificadas en Buenaventura. La organización también confirmó que más de 3.200 centros educativos resultaron afectados por el terremoto.
Ahora bien, la situación varía entre territorios. En Pereira, más de 58.000 estudiantes permanecen temporalmente desescolarizados luego de que las autoridades consideraran críticas las condiciones de los 165 colegios de la ciudad.
Las medidas del Ministerio de Educación
Frente a este escenario, el Ministerio de Educación Nacional estableció mediante la Directiva 009 de 2026, un conjunto de medidas temporales para proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad de las clases en las zonas afectadas por el terremoto.
La respuesta está organizada en cuatro fases: respuesta inmediata, acogida y estabilización, continuidad educativa, y recuperación y fortalecimiento.
Como primer paso, las secretarías de Educación deberán identificar el estado de las sedes, la infraestructura, los servicios básicos y las condiciones de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Los rectores y directores rurales tienen hasta 72 horas para entregar un reporte fotográfico preliminar de las afectaciones.
A partir de esta evaluación, las sedes serán clasificadas según su nivel de afectación:
- Nivel crítico: sedes con colapso o daño estructural grave. Se podrán habilitar aulas temporales, carpas u otros espacios alternos, como salones comunales, bibliotecas o sedes educativas no afectadas.
- Nivel moderado: sedes sin daños estructurales graves, pero con problemas de acceso, servicios básicos o conectividad. Se podrán implementar esquemas de trabajo en casa, alternancia o educación híbrida.
- Alerta preventiva: sedes sin daños físicos en municipios afectados. Podrán mantener la presencialidad con monitoreo de réplicas, simulacros y revisión de rutas de evacuación.
La directiva también contempla estrategias como escuela en casa y escuela itinerante, dependiendo de las condiciones de cada territorio. Además, incluye medidas de acompañamiento psicosocial y apoyo pedagógico para la comunidad educativa.
La brecha digital
Entre las alternativas planteadas por el Ministerio está recurrir temporalmente a esquemas remotos. Sin embargo, en varias de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales, la falta de conectividad y de dispositivos electrónicos limita esta posibilidad.
“Es muy difícil por la cobertura de señal. Vivimos en una zona rural, de muy difícil acceso a las redes sociales, y muchas familias no cuentan con computadores o celulares”, señala John Freddy Ibarbo, líder comunitario.
En Chocó, apenas 6,06 de cada 100 habitantes tienen acceso a internet fijo. Aunque el indicador mejoró en los últimos reportes del Boletín Trimestral de las TIC, el departamento todavía registra una de las tasas más bajas del país: menos de un tercio del promedio nacional.
Mientras la emergencia continúa dejando un alto costo humano y material, el país enfrenta otro reto: garantizar la continuidad educativa de los niños, niñas y adolescentes afectados. La recuperación del sistema educativo no solo implica reparar la infraestructura, sino asegurar que los estudiantes que aún no pueden regresar a las aulas no queden rezagados. El desafío será hacerlo, además, teniendo en cuenta las profundas diferencias en las condiciones de cada territorio.
Escrito por Luisa Triana
Con información de EFE
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