La evolución táctica de los actores armados no solo plantea severas alertas sobre la protección de comunidades e infraestructura, sino que marca un giro crítico en las prioridades de planeación y respuesta institucional para el nuevo Gobierno.
Una escalada táctica en la dinámica del conflicto armado colombiano ha encendido las alarmas institucionales y del sector privado. Según la radiografía sobre derechos humanos presentada por la Defensoría del Pueblo al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, los ataques ejecutados mediante sistemas aéreos no tripulados (drones) registraron un incremento del 146 % entre enero y mayo de 2026. Las incursiones pasaron de 49 eventos en el mismo periodo del año anterior a 121 incidentes, dejando un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas en zonas de alta confrontación.
El despliegue de tecnología UAV representa una reestructuración acelerada de las amenazas operativas que enfrentan tanto la fuerza pública como las comunidades vulnerables. Frente a este panorama, el informe ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’ de la defensoría advierte que: “La expansión de estos ataques hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas evidencian una transformación del conflicto armado que exige una estricta observancia de las normas del derecho internacional humanitario”.
El diagnóstico formulado por la entidad busca consolidar una hoja de ruta técnica para la toma de decisiones macroeconómicas, de inversión social y de seguridad nacional por parte del Ejecutivo y del Congreso. Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el documento permite dimensionar «las principales fortalezas, pero también las brechas» en materia de garantías constitucionales.
La funcionaria destacó además la orientación estratégica del informe:
“Ponemos este documento a disposición de todo el país y de todas las autoridades públicas con el propósito de que pueda ser un insumo útil para los procesos de planeación y para la toma de decisiones de este nuevo gobierno y del nuevo Congreso de la República”
La radiografía territorial evidencia una huella crítica de criminalidad, con alertas tempranas activas en 396 municipios de los 1.100 que integran el país. En el frente de actores armados, se ratifica la presencia permanente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 145 municipios y una operatividad intermitente en otros 115. Esta inestabilidad regional ha afectado directamente el capital humano y la productividad local, registrando 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que impactaron a 394.839 personas entre 2017 y julio de 2026.
El balance se completa con cifras sobre violencia sistemática e impacto ambiental, variables clave para la sostenibilidad del país. En materia de reclutamiento ilícito de menores, se contabilizan 74 casos entre enero y junio de 2026, que se suman a los 419 reportados en 2025 y 682 en 2024. Asimismo, datos consolidados a partir de Indepaz señalan 651 masacres con 2.380 víctimas entre 2019 y mediados de julio de 2026. En la dimensión ecológica, la Amazonía concentra el 65 % de la deforestación nacional, un fenómeno agravado por la minería ilegal y la degradación ambiental, factores que la Defensoría integra en los cinco ejes prioritarios presentados para guiar las reformas de desarrollo, seguridad y espacio cívico en Colombia.
Con información de EFE
Publicado por Juan Camilo Torres Alarcón
Lea también: Gobierno unifica metodología para evaluar edificaciones tras sismo en Colombia