La medida modifica la atención a solicitantes internacionales en el marco de nuevos lineamientos a las políticas migratorias y revisiones en tribunales norteamericanos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos suspendió de manera temporal las citas para visados de inmigrante dirigidas a solicitantes a nivel global. La medida se enmarca en las disposiciones de control migratorio implementadas durante el mandato del presidente Donald Trump.

Según informó la entidad diplomática, la decisión responde a la puesta en marcha de una iniciativa de formación a escala mundial en las embajadas y consulados estadounidenses, por lo que los calendarios de atención se ajustarán para dar cabida a dicha capacitación.

Sin especificar el cronograma ni la duración de las jornadas, el Departamento de Estado indicó que la formación tiene como objetivo orientar a los funcionarios consulares para descartar a aquellos solicitantes que puedan pasar a depender de prestaciones públicas, garantizando además una evaluación de los aspirantes a visado que sea “exhaustiva y coherente”.

Antecediendo al pronunciamiento oficial, reportes del diario Financial Times señalaron que personas con entrevistas previamente agendadas recibieron notificaciones vía correo electrónico informando sobre la reprogramación de sus citas.

La suspensión se suma a un paquete de decisiones migratorias que incluye la revocación de visados y permisos de residencia, la denegación de solicitudes por diversos motivos —entre ellos posturas políticas o participación en manifestaciones— y el incremento de tarifas en trámites para visados de trabajo. De acuerdo con la administración estadounidense, el objetivo central de estas medidas es el fortalecimiento de la seguridad nacional.

En el ámbito judicial, la decisión coincide con determinaciones recientes en los tribunales estadounidenses. Un juez federal dejó sin efecto una política del Gobierno que suspendía la expedición de visados a solicitantes procedentes de 75 países, tras considerar que dicha regulación excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos han emitido observaciones sobre el impacto de estas restricciones en el debido proceso, la inmigración regular y el clima de discriminación hacia las minorías étnicas.

Redactado por Juan Camilo Torres Alarcón

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