La iniciativa, que se encuentra en trámite en la plenaria del Concejo de Bogotá, contempla modificaciones en las tarifas tributarias locales, esquemas de exención para inversión y mecanismos de recaudo para el alumbrado público.
El Proyecto de Acuerdo ‘Por una Ciudad Inteligente’, que ya superó su primer debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, propone una serie de cambios al esquema tributario de la capital. La iniciativa contempla ajustes al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), modernizar la infraestructura de la capital, simplificar el sistema tributario, otorgar alivios de cartera y generar incentivos para la inversión privada y el empleo formal.
La propuesta aún no es una norma vigente: deberá surtir su discusión en la plenaria del Concejo. De ser aprobada, los cambios buscan facilitar la gestión fiscal, impulsar la generación de empleo formal, modernizar el alumbrado público y promover nuevas inversiones en la ciudad.
Reorganización del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y pequeños comercios
La iniciativa no contempla un incremento generalizado de impuestos. En el caso del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) —aplicable a unidades productivas con ingresos anuales superiores a 1.933 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a más de $100 millones en 2026—, más del 50 % de las empresas registrarán una reducción en su tarifa y 275 actividades económicas tendrán disminuciones en el cobro.
“Este proyecto es producto de un trabajo que hemos realizado desde la Administración Distrital con los concejales de la Comisión de Hacienda y de otras comisiones muy interesados en el proyecto. Lo que queremos expresar es que hacemos propuestas que consideramos tienen un sustento técnico, que hemos revisado, analizado, calculado y cuantificado. Este ejercicio de revisión y diálogo nos permite dejarle a la ciudad lo que consideramos es la mejor versión de este acuerdo”, señaló la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.
Actividades como la edición de libros reducirán su tarifa a la mitad, mientras que restaurantes y bares experimentarán bajas en sus aportes anuales. Para la comercialización de vehículos y motocicletas, la tarifa propuesta por cada $1 millón de ingresos gravados se fija en $8.000 para eléctricos, $10.000 para híbridos y $11.000 para convencionales, sin generar un tributo directo sobre el comprador.
Para el sector de licores y cigarrillos, la tarifa de 19 por mil equivale a $19.000 por cada $1 millón de ingresos gravados de la actividad comercial, sin representar un impuesto del 19 % al consumidor final.
Para los pequeños comercios con ingresos inferiores a 1.933 UVT ($101,2 millones anuales o un promedio mensual cercano a $8,4 millones en 2026), la propuesta elimina la práctica de retenciones de ICA sobre los pagos recibidos mediante tarjetas de débito o crédito.
En cuanto al sector financiero, la estructura tarifaria aprobada en primer debate establece un esquema gradual por cada $1 millón de ingresos gravados: $20.000 hasta 2027, $19.000 en 2028 y $18.000 a partir de 2029. Esta tarifa se sitúa por debajo de las vigentes en ciudades como Cali ($25.000) o Barranquilla y Tunja ($30.000).
Esquema de financiación para el alumbrado público
La modernización del alumbrado público se financiaría mediante una sobretasa vinculada al Impuesto Predial Unificado. El cobro aplicaría a predios de estratos 4, 5 y 6, así como a inmuebles de uso comercial, industrial y financiero. Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos de la sobretasa si su avalúo para el cálculo del predial no supera las 20.000 UVT (aproximadamente $1.047 millones en 2026).
El proyecto establece garantías para hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Asimismo, la iniciativa no plantea la inclusión de este cobro en las facturas de servicios públicos de energía para arrendatarios.
Alivios de cartera y eliminación de impuestos desde 2027
En materia de cartera morosa, el proyecto plantea un descuento del 60 % exclusivamente sobre los intereses y sanciones acumuladas para quienes cancelen la totalidad del capital adeudado antes del 21 de diciembre de 2026. Por ejemplo, ante una obligación con $1 millón de capital y $500.000 en accesorios, el contribuyente deberá pagar la totalidad del capital y $200.000 de los costos adicionales.
Adicionalmente, se propone la eliminación de dos tributos a partir de 2027: el Impuesto de Publicidad Exterior Visual y el Impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos (aplicado a cines, teatros, eventos, rifas y concursos). La supresión del impuesto publicitario no exime del cumplimiento de la normativa regulatoria sobre instalación de vallas y avisos.
Incentivos condicionados y proyección de inversión
Los beneficios fiscales para empresas no se otorgarán de forma automática. La norma exige a las compañías la realización de nuevas inversiones en la ciudad y el mantenimiento o generación de puestos de trabajo para acceder a las exenciones, aplíquense a firmas nuevas o establecidas.
Las proyecciones de la Administración Distrital estiman que la aplicación de estos incentivos —que abarcan proyectos de renovación urbana, vivienda, construcción sostenible y conservación de bienes de interés cultural— permitirá atraer alrededor de $79,8 billones en inversión privada y generar más de 200.000 empleos en un horizonte de diez años.
Redactado por Juan Camilo Torres Alarcón
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