El exmandatario sostuvo que no existen restricciones para fijar su lugar de domicilio en Bogotá.
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a través de la red social X a un comunicado emitido por residentes del conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en la carrera séptima con calle 148 de Bogotá. En el documento, un grupo de copropietarios manifestó su postura ante la posibilidad de que el exmandatario fije su residencia en dicha urbanización.
Frente al pronunciamiento de los residentes, Gustavo Petro afirmó: “Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera”.
Consideraciones del comunicado de los copropietarios
En la carta, los residentes del conjunto informaron que no cuentan con documentación que confirme la existencia de negociaciones para la firma de un contrato de arrendamiento en la propiedad.
No obstante, señalaron que realizaron una consulta en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, en la que verificaron la presencia del exjefe de Estado en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
Sobre este hallazgo, el documento emitido por los residentes indicó:
“Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”.

Alcance normativo y recomendaciones jurídicas
Los firmantes del comunicado precisaron que la inclusión en el listado de la OFAC no equivale a una sentencia penal ni implica un impedimento legal para suscribir contratos de vivienda en Colombia. Ante este panorama, sugirieron a los propietarios de la urbanización asesorarse jurídicamente antes de avanzar en eventuales negociaciones.
Sobre el propósito de la comunicación, los residentes concluyeron:
“Nuestra posición busca que cualquier decisión se adopte con información verificable, respeto por los derechos de las personas y consideración por la comunidad”.
Registrado por Juan Camilo Torres Alarcón
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