El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, acudió a organismos internacionales tras la iniciativa legislativa que busca trasladar el 62 % de los recursos de adquisición de bienes y servicios del tribunal de paz hacia el Consejo Superior de la Judicatura.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, emitió un llamado de auxilio a la comunidad internacional frente a la proposición legislativa del oficialismo que busca reducir en 100.000 millones de pesos (aproximadamente 31 millones de dólares) la asignación presupuestal del tribunal para el ejercicio fiscal de 2027.
La iniciativa, promovida por el senador Enrique Gómez y con el respaldo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, plantea la reasignación de dichos fondos desde el presupuesto del mecanismo de justicia transicional hacia el Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con las proyecciones de la JEP, esta modificación impactaría el 62 % de los rubros asignados a la adquisición de bienes y servicios, los cuales se encuentran calculados en 161.271 millones de pesos (cerca de 51 millones de dólares).
Evaluación de riesgos operativos y de infraestructura
Frente a la propuesta de reducción, la entidad judicial reportó un déficit acumulado proyectado en 26 millones de dólares (alrededor de 83 mil millones de pesos) y precisó que la desapropiación de recursos dejaría sin financiamiento 19,7 millones de dólares (63 mil millones de pesos aproximadamente) orientados a convenios de seguridad con la Unidad Nacional de Protección (UNP), esquema diseñado para salvaguardar la integridad de víctimas, testigos, comparecientes y personal judicial.
Asimismo, la jurisdicción indicó que se verían comprometidos 9,2 millones de dólares (unos 29 mil millones de pesos aproximadamente) destinados al pago de arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento operativo de sus sedes, a la vez que los recursos asignados a la infraestructura del centro de datos e interoperabilidad registrarían un recorte superior al 40 %, con eventuales repercusiones sobre la reserva de la información y la digitalización de los procesos.
Proyectos legislativos y gestión diplomática
El trámite de la propuesta presupuestal coincide en el Congreso de la República con el debate de una reforma constitucional orientada a establecer la revisión automática, por parte de la Justicia Penal Militar, de las sentencias dictadas por la JEP a miembros de la fuerza pública.
Desde la perspectiva de la jurisdicción creada en el marco del acuerdo de paz de 2016, la convergencia de ambas iniciativas legislativas se interpreta como una estrategia de presión económica y condicionado judicial sobre sus fallos.
En consecuencia, el tribunal confirmó que elevará un informe sobre esta situación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Con información de EFE
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