Pacientes Colombia reclama al menos $13 billones adicionales para el sistema de salud y plantea nuevas fuentes de financiación. La ANDI también pide que el presupuesto refleje las necesidades reales del aseguramiento.
El debate alrededor del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 ha dejado de ser una simple discusión de números para convertirse en un punto clave para el sistema de salud. En medio de las dificultades financieras que atraviesa el sector, el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a 198 organizaciones de usuarios en el país, pidió al Gobierno y al Congreso priorizar los recursos destinados a la atención de los pacientes.
De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República conocidas este año, las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas cerraron 2025 alrededor de los $58 billones, un aumento de 26,5% frente al año anterior.
Pacientes Colombia sostiene que el presupuesto proyectado para 2027 no compensa esa presión financiera y reclama recursos adicionales para recuperar capacidad de atención.
“Los pacientes no pueden seguir esperando mientras el sistema pierde capacidad para atenderlos. Se requieren al menos $13 billones de pesos adicionales para recuperar los niveles de financiación de 2022. El Gobierno debe habilitar recursos que garanticen consultas, procedimientos y entrega oportuna de medicamentos”, enfatizó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
Las fórmulas de los usuarios para el salvamento fiscal
Para evitar que la brecha presupuestal se traduzca en mayores demoras en citas, interrupciones de tratamientos y dificultades de acceso, Pacientes Colombia planteó una serie de alternativas fiscales con las que busca generar recursos adicionales para el sistema de salud:
- Impuestos con destinación específica: crear gravámenes a sectores como las apuestas en línea, los vapeadores y la venta de motocicletas y vehículos eléctricos.
- Destinación del 4×1.000: evaluar una destinación transitoria del Gravamen a los Movimientos Financieros para financiar parte de las necesidades del sistema.
- Revisión de exenciones de IVA: estudiar técnicamente los beneficios tributarios asociados a este impuesto.
- Ajustes al diésel y al FEPC: reducir paulatinamente la presión fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para liberar recursos públicos.
- Aportes patronales: extender los aportes patronales a salud del 8,5% a salarios inferiores a 10 salarios mínimos, una medida que, según el movimiento, podría generar alrededor de $4,5 billones.
Estas alternativas corresponden a propuestas de Pacientes Colombia y no hacen parte, por ahora, de medidas aprobadas dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027.
Estas propuestas corresponden al planteamiento del movimiento de pacientes y no forman parte, por ahora, de una decisión adoptada dentro del PGN 2027.
La coincidencia técnica: el llamado de la ANDI
La alerta de los usuarios coincide en varios puntos con el diagnóstico planteado por Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. En una columna de análisis sobre la viabilidad del PGN, el dirigente gremial insistió en la necesidad de sincerar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y procurar que las necesidades reconocidas por las autoridades tengan correspondencia con los recursos presupuestados.
Mac Master señaló que el propio Ministerio de Salud identificó una necesidad cercana a $9 billones adicionales en el rubro de aseguramiento, para que el incremento de la UPC guarde relación con la evolución del gasto y de los costos de los servicios médicos.
“Presupuestar bien no significa simplemente gastar más. Significa reconocer con transparencia cuánto cuesta cumplir las decisiones de política pública, exigir eficiencia y asegurar que los recursos lleguen a la atención de los pacientes. Si logramos que diagnóstico, política pública y presupuesto hablen el mismo lenguaje, habremos dado un paso importante para recuperar la sostenibilidad y la confianza en el sistema”, sostuvo el presidente de la ANDI.
La discusión sobre la suficiencia de la UPC también ha llegado a la Corte Constitucional. En el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 identificó fallas en la información utilizada para calcular la UPC y ordenó, entre otras medidas, garantizar su suficiencia y mejorar la calidad de los datos empleados para definirla.
Posteriormente, la Corte abrió un incidente de desacato por el incumplimiento de algunas de esas órdenes. En decisiones posteriores de 2026, la Sala continuó verificando las actuaciones del Ministerio de Salud alrededor de la suficiencia de la prima.
El Gobierno, sin embargo, ha sostenido en distintos momentos que la crisis financiera del sistema no puede explicarse únicamente por el valor de la UPC y ha señalado problemas de administración y uso de los recursos como parte de la discusión. Esa diferencia de diagnóstico sigue siendo uno de los puntos centrales del debate sobre la financiación de la salud.
El presupuesto continúa su trámite
El Gobierno radicó un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. El 14 de septiembre, las comisiones económicas de Cámara y Senado aprobaron ese monto, pero el proyecto todavía debía continuar su trámite legislativo y la discusión sobre la distribución de recursos entre los distintos sectores.
En ese escenario, tanto Pacientes Colombia como la ANDI han puesto el foco sobre la financiación de la salud. Desde perspectivas diferentes, ambos plantean que el presupuesto debe reflejar de manera más precisa las necesidades que enfrenta actualmente el sistema.
Para los pacientes, la discusión tiene una consecuencia directa: la capacidad del sistema para garantizar consultas, procedimientos, tratamientos y entrega de medicamentos durante 2027.
Escrito por Daniel Alejandro Medina Avila
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